El nuevo presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2025-2026, será enviado a la Fortaleza para la firma de la gobernadora, Jenniffer González Colón, luego de que la Cámara de Representantes aceptara anoche las enmiendas realizadas por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 136.
La medida fue aprobada en voto partidista con 37 votos a favor de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y 16 en contra.
De otra parte, se avaló la Resolución Conjunta 157 que asigna $20 millones a instituciones que promuevan programas de bienestar social, y el Proyecto de la Cámara 584 que transfiere el Programa de Justicia Juvenil al Departamento de Corrección.
En materia de tránsito, se aprobaron varias enmiendas a la Ley de Vehículos, incluyendo el uso obligatorio de reflectores por peatones en horarios nocturnos, la notificación digital de multas y la aclaración sobre la suspensión de licencias por violar semáforos.
También se avalaron iniciativas dirigidas a “fortalecer los derechos escolares” y “fomentar el servicio comunitario estudiantil”.
En el ámbito educativo y cultural, se aprobaron medidas para incluir el béisbol en el currículo escolar, declarar abril como el mes de la educación financiera, y establecer el “Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño” en noviembre.
Se apoyaron designaciones de reservas naturales, transferencias de terrenos a municipios para fines turísticos o recreativos, y homenajes a líderes comunitarios mediante nombramientos de instalaciones públicas.
En cuanto a salud pública, se prohibió la venta de cigarrillos electrónicos a menores de 21 años y cerca de escuelas.
Por último, se ratificaron proyectos del Senado relacionados con temas penales, tecnológicos y contributivos. Entre estos figuran la extensión de exenciones contributivas en alquileres residenciales, la adopción del modelo de Comunidades Terapéuticas para rehabilitación penal, y la creación de un marco regulatorio uniforme para licenciamiento profesional.
También se establecieron nuevas normas para el desarrollo y uso de tecnología en el gobierno, y se limitó a seis meses el tiempo que una persona no procesable puede permanecer en custodia sin tratamiento.
