La Cámara Alta radicó la Resolución del Senado 236, la cual reclama al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos la disolución inmediata de la Junta de Control Fiscal (JCF).
La medida, anunciada hoy martes, 24 de junio, argumenta que la JCF ha excedido los términos establecidos en la Ley PROMESA y se ha convertido en un obstáculo para la recuperación de la isla.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que la Junta “fue creada como un ente transitorio para estabilizar las finanzas de Puerto Rico, no para convertirse en un gobierno permanente”.
Rivera Schatz sostiene que la permanencia del organismo ha impuesto condiciones arbitrarias, como una lista de 50 requisitos no estipulados por PROMESA, para su disolución.
La resolución destaca el «fracaso estrepitoso» de la Junta en reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un problema que “continúa afectando negativamente a Puerto Rico”.
El presidente senatorial enfatizó que la isla ha logrado reducir sustancialmente su deuda y restablecer la confianza en los mercados gracias a la disciplina fiscal del gobierno local, “no gracias a la Junta»”.
Rivera Schatz considera que la continuidad de la Junta representa “una carga financiera adicional y también una afrenta a la democracia y autonomía política del pueblo puertorriqueño”.
La resolución será enviada formalmente a la Casa Blanca, al Congreso y Senado de los Estados Unidos, al Government Accountability Office (GAO) y al Departamento de Justicia federal, con la solicitud de una respuesta inmediata.
