A 32 meses de la primera admisión pública, otro miembro del Negociado de Energía de Puerto Rico lo volvió a decir: que el principal ente regulador del sistema eléctrico del país no corrobora la información que LUMA Energy entrega a este organismo y que sus comisionados dependen únicamente de los informes que la empresa privada somete para determinar si cumple con sus obligaciones.
La admisión trascendió este miércoles durante una vista pública convocada por la Cámara de Representantes, donde la ingeniera y abogada Sylvia Ugarte Araujo reconoció que el Negociado no cuenta con “mecanismos” para hacerlo.
“Quedé bruto ante esas aseveraciones”, reaccionó en entrevista con La Perla del Sur el representante Ángel Fourquet Cordero, el legislador que interrogó a la comisionada sobre el tema.
El intercambio
En un intercambio de preguntas y respuestas, Ugarte Araujo respondió con un escueto “Sí” al representante por el Distrito de Ponce, cuando este último cuestionó si el Negociado y el país dependen “exclusivamente de la información” que LUMA provee para determinar que cumplen o no con los términos del contrato para operar la red de transmisión y distribución eléctrica del país.
“Y eso. ¿usted piensa que está bien?”, prosiguió Fourquet Cordero.
“No veo por qué está mal”, contestó.
“A veces uno se pregunta por qué estamos como estamos y ya vimos”, agregó el legislador en entrevista con este medio. “Pero estoy más frustrado al ver y oír al ingeniero Josué Colón responder que él tenía métricas que demostraban y evidenciaban incumplimiento (de LUMA), mientras que el Negociado decía ‘no hemos determinado incumplimiento’ y estaban, literalmente, sentados a un pie, uno del otro”.
La afirmación de Ugarte Araujo, empero, no es novel.
Durante otra vista pública efectuada el 7 de septiembre de 2022, el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, afirmó a legisladores que los informes que LUMA somete sobre métricas de la red eléctrica son la única fuente disponible del ente regulador para determinar que el privatizador se desempeña efectivamente.
“Y ¿ustedes alguna vez han ido a verificar alguna de esas métricas en ese centro de operaciones?’, cuestionó a Avilés Delis el entonces representante Luis Raúl Torres Cruz, a lo que el funcionario respondió con otro escueto “No. No lo hemos hecho”.
El propio Negociado de Energía establece en su portal oficial que entre los deberes ministeriales del organismo figura “supervisar” y “fiscalizar” la ejecución del sistema eléctrico de Puerto Rico.
Confesiones de gasoductos
Durante la vista celebrada ayer por la Comisión de Gobierno de la Cámara, el representante Fourquet Cordero también provocó que el zar de energía y director de las Alianzas Público Privadas, Josué Colón Ortiz, confirmara que la administración de la gobernadora Jenniffer González no cierra las puertas a la construcción de un terminal de recibo de gas natural licuado (GNL) en el país, ni a infraestructura de distribución para ese combustible, como gasoductos.
“Todo eso es posible dentro de los cambios que se están realizando”, sentenció.
Asimismo, a preguntas del legislador Colón Ortiz declaró que “desde mi punto de vista”, tanto el proyecto para la construcción del Gasoducto del Sur como la Vía Verde “se debieron continuar”, ya que, a su juicio, el riesgo es menor “de los que tienen los ciudadanos que tienen un cilindro de gas propano en su casa”.
“Esas son realidades. Y estos sistemas de infraestructura grande, que tienen unos sistemas de control y de supervisión, y de monitoreo continuo, son sumamente seguros. Lo que hay es que mirar lo que ocurre a nivel mundial con este tipo de infraestructura”.
“Entonces, pues, por propaganda, publicidad, no sé, intereses, se cancelan proyectos que pudieron haber sido de mucho beneficio a los clientes, pero también a la ciudadanía”, sentenció.
Como 15 años atrás fundamentó el Comité Científico y Técnico de la organización Casa Pueblo, solo el Gasoducto del Norte contemplaba intervenir sobre 235 cuerpos de agua, incluyendo ríos, quebradas, caños y canales, a lo largo de sus 92 millas de trayecto entre el sur y norte del país. Los mismos son fuente de abastecimiento vital para el suministro continuo de agua potable a la zona metropolitana de San Juan.
Además, su huella impactaba directamente a 1,500 cuerdas de bosques sobre los que dejaría una cicatriz de 100 metros de ancho, cinco veces al ancho de la carretera PR10, aumentando la inestabilidad de tierras propensas a deslizamientos, la erosión de suelos y la fragmentación de ecosistemas.
Definitivamente que hay que ser inepto y descarado para estar generando un sueldo por el que no se trabaja, la solución inmediata es el despido fulminante, ya que admisión de parte es relevo de pruebas.
Sylvia Ugarte Araujo, recoge velas, limpia tu escritorio y vete, irresponsable titulada…