Para transformar propiedades en desuso bajo custodia del gobierno en hogares dignos y accesibles, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado, presidida por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, evaluó este martes el Proyecto del Senado 483.
La medida, de la autoría de la senadora Ada Álvarez Conde, busca atender la crisis habitacional que enfrenta Puerto Rico mediante la creación de la “Ley para la Transformación de Bienes en Desuso en Viviendas Asequibles”. El objetivo es garantizar que estas unidades sean destinadas a personas en listas de espera de vivienda pública, beneficiarios del programa Sección 8, primeros compradores, jóvenes y sectores vulnerables.
“Este proyecto busca transformar propiedades abandonadas en unidades de vivienda dignas y asequibles, especialmente para nuestra población más vulnerable”, expresó Barlucea Rodríguez durante la audiencia.
La medida cuenta con el apoyo condicionado del Departamento de la Vivienda (DV), que recomendó identificar fuentes de financiamiento y establecer criterios claros de prioridad y fiscalización. “Donde antes había propiedades públicas inutilizadas, mañana podrían levantarse hogares dignos”, expresó el licenciado Omar Figueroa Vázquez, en representación de la secretaria Ciary Pérez Peña.
El DV también solicitó que el acceso a estas propiedades no se limite únicamente a sectores vulnerables, sino a todas las personas que cumplan con los criterios de vivienda de interés social. Igualmente, recomendó establecer una cláusula sujeta a la aprobación de la Junta de Control Fiscal.
La medida ordena al DV identificar propiedades rehabilitables, establecer planes de trabajo y coordinar con el DTOP o la agencia custodio para transferirlas en un plazo no mayor de 30 días. Estas propiedades podrían transformarse mediante acuerdos con municipios, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro o el sector privado, bajo criterios estrictos de asequibilidad.
El director de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Ricardo Álvarez Barreto, informó que la agencia tiene unos $13.3 millones en fondos CAPEX disponibles para rehabilitar 293 propiedades en inventario, adquiridas mediante acciones en pago, cesiones o ejecuciones hipotecarias.
No obstante, el director legal de la Autoridad de Edificios Públicos, Gabriel Hernández, expresó oposición a la medida al considerar que interfiere con el marco legal vigente, específicamente con los mecanismos establecidos por la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal y la autoridad del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEBDI).
Por su parte, el Departamento de Educación, a través de su directora de política pública, Saraí Ruiz Maisonet, respaldó el propósito de la medida.
El proyecto dispone que ninguna propiedad podrá ser transferida sin un plan de trabajo aprobado y justificado, y excluye aquellas que ya estén bajo evaluación del CEBDI, salvo que no se concrete la transferencia.
Otra quimera…