La organización de justicia climática El Puente Puerto Rico exigió el martes la pronta evaluación y aprobación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC) y denunció que el Proyecto de la Cámara 556 busca retrasar nuevamente un proceso vital para el país.
El proyecto propone derogar los artículos 15 y 16 de la Ley 33-2019, que establecen mecanismos para garantizar que el PMARCC se atienda sin dilaciones legislativas. Bajo la ley vigente, si la Asamblea Legislativa no actúa sobre el plan en la sesión en que se presenta, este se considera aprobado y pasa a la consideración de la gobernadora. La derogación eliminaría esa salvaguarda.
“La aprobación del plan es indispensable para establecer una hoja de ruta coherente ante la intensificación de los efectos del cambio climático en nuestro archipiélago”, declaró Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente. “Si seguimos poniendo el lucro por encima de la vida de la gente, las estampas desastrosas que hemos visto con las recientes inundaciones serán el pan nuestro de cada día”.
El colectivo recordó que ya en 2020 se modificó la ley para retrasar la presentación del plan hasta 2021, lo que motivó a El Puente a presentar una demanda de mandamus contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Ahora, junto a más de un centenar de organizaciones e individuos, han solicitado al Senado que evalúe y apruebe el plan en esta sesión legislativa.
Gabriel Meléndez Cardona, coordinador de política pública de El Puente, señaló que el PMARCC es una oportunidad para reenfocar las prioridades del país y prepararse de forma coherente y coordinada ante una crisis climática que ya ha comenzado a pasar factura.
La organización también expresó preocupación por lo que catalogaron como un patrón de obstrucción climática por parte de la administración de la gobernadora Jenniffer González. Entre las acciones citadas se incluyen la firma de la Ley 267, que eliminó plazos intermedios para la transición energética; la extensión del uso de la planta de carbón AES hasta 2032; el retiro de una demanda contra compañías petroleras; y la falta de defensa de $365 millones en fondos federales para sistemas solares en instalaciones comunitarias.
“El gobierno ha favorecido la expansión del gas metano y alineado sus decisiones con los intereses de las industrias fósiles”, concluyó Cintrón Moscoso.
