Organizaciones integrantes de la Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual, Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM), catalogaron de atropellado y sumamente burocrático, el proceso para acceder a fondos otorgados por el Gobierno de Puerto Rico.
Según denunciaron, los obstáculos en la otorgación de fondos apuntan a un desmantelamiento en el sistema de servicios de las organizaciones que atienden a víctimas y sobrevivientes de Violencia de Género en el país.
“Desde las organizaciones que representamos en nuestra Coalición, es muy difícil mantenernos optimistas y confiadas en el proceso de otorgación de fondos que provienen del Gobierno de Puerto Rico. Cada año, en vez de crear caminos más justos y accesibles para las organizaciones, se añade más burocracia e inaccesibilidad a entidades que son reconocidas por su trabajo responsable y de larga trayectoria”, Vilma González, directora ejecutiva de CPM en declaraciones escritas.
“Nos preocupa el efecto que los recortes y la falta de agilidad en los procesos están teniendo ahora mismo en la otorgación y continuidad de servicios para personas que enfrentan ciclos de violencia de género, ya que varias entidades podrían estar en riesgo de cerrar”, continuó. “¿Cuántos meses van a pasar en esta incertidumbre?.
“En un contexto de Estado de Emergencia por Violencia de Género, se están tomando decisiones que concretamente afectan los servicios y se potencia el aumento en feminicidios. Esta es la receta para el desastre”, añadió por su parte Coraly León, directora ejecutiva del albergue Casa Protegida Julia de Burgos.
Más aún, denunció que la escasez de servicios afecta en mayor proporción a los servicios que se otorgan fuera de la zona metropolitana.
Actualmente hay solo tres oportunidades se solicitud de fondos provistos a nivel estatal y federal, pero la preocupación principal para las organizaciones es que los fondos de estas tres propuestas estarían disponibles en varios meses y la necesidad del dinero es inmediato.
Es por eso que exigen acelerar la otorgación de los fondos, que el Gobierno deje de cambiar reglas constantemente y que haya consistencia en las peticiones.
“Es importante resaltar que el apoyo comunitario y las actividades de recaudación que las organizaciones se han visto obligadas a realizar contribuyen a su supervivencia, pero se necesita estabilidad y certeza con relación a los ingresos. La incertidumbre que rodea la continuidad de los servicios que ofrecen las organizaciones para salvar vidas, como consecuencia de las actuaciones gubernamentales, constituyen violencia institucional”, insistió la abogada y activista Josefina Pantoja, integrante de CPM.
“Las organizaciones que otorgamos servicios a las víctimas y sobrevivientes de Violencia de Género en el país hemos sido transparentes y hemos rendido cuentas sobre los fondos que recibimos, pero no estamos dispuestas a seguir soportando la violencia a la que somos sometidas durante el proceso de solicitud”, señaló Jennifer Berrios, directora ejecutiva de Casa Pensamiento Mujer del Centro.
“Desde nuestros espacios estamos haciendo el trabajo que el Estado no quiere hacer y tampoco cuenta con los recursos para realizar. Lo que estamos viviendo es una masacre con las organizaciones sin fines de lucro en medio de un Estado de Emergencia por Violencia de Género. Entendemos que se colocan obstáculos innecesarios y eso nos demuestra que no hay voluntad, planificación ni organización de parte de las agencias y personas pertinentes”, dijo Lisdel Flores, directora ejecutiva del albergue Hogar Ruth.
“Reiteramos la exigencia de que el Estado asuma su responsabilidad y tenga la voluntad de tomar con premura los reclamos de las decenas de organizaciones que brindan servicios a las mujeres del país”, concluyó.
