La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes celebró una vista pública el viernes para evaluar el Proyecto de la Cámara 37, que propone establecer una nueva ley para regular la venta, uso, distribución y fabricación de pirotecnia en Puerto Rico.
La medida, de la autoría del presidente cameral Carlos Méndez Núñez, busca sustituir la Ley 83 de 1963, creando un marco legal más claro y adaptado a las regulaciones federales y realidades actuales. Entre sus disposiciones incluye penalidades por uso indebido, requisitos de licencias, campañas educativas obligatorias y una zona de seguridad de 250 metros alrededor de hospitales, refugios de animales, asilos y áreas naturales protegidas.
El proyecto generó posturas tanto a favor como en contra.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) endosó la medida y manifestó su disposición a colaborar en las definiciones técnicas y en campañas educativas. Aunque reconocieron la falta de estudios locales sobre el impacto de la pirotecnia en la fauna y la flora, advirtieron que los efectos pueden ser adversos. El representante Ramón Torres Cruz cuestionó cómo se definirá el concepto de “área natural protegida”, a lo que el DRNA respondió que podría encargarse del tema sin un impacto fiscal significativo.
El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico también apoyó el proyecto, señalando que la pirotecnia afecta no solo a mascotas, sino a otras especies como aves y caballos. Destacaron que las explosiones repentinas pueden causar heridas, trastornos de conducta e incluso la pérdida de animales. Además, cuestionaron el criterio del radio de seguridad propuesto, por considerar que el sistema auditivo de los animales es mucho más sensible que el humano. Ofrecieron colaborar con estrategias educativas junto a agencias gubernamentales.
En contraste, el Centro Unido de Detallistas (CUD) expresó oposición a la medida tal como está redactada. La licenciada Agnes Martínez sostuvo que no hacen falta nuevas enmiendas, sino orientación. Afirmó que la actividad pirotécnica se concentra en pocas épocas del año y que las campañas educativas serían más efectivas si fueran lideradas por el gobierno, con apoyo del sector comercial. Criticó también los costos de licencias propuestos, que podrían alcanzar hasta $2,500, comparando que instituciones financieras pagan menos por permisos similares.
Ante preguntas de la vicepresidenta cameral Yashira Lebrón, el CUD expresó disposición a apoyar la medida si se revisan los costos y se incluye una campaña clara de orientación para comerciantes. Recalcaron que la carga principal debe recaer sobre las agencias públicas, no sobre los detallistas.
El presidente de la Comisión, Félix Pacheco Burgos, preguntó al Colegio de Médicos Veterinarios si contaban con estrategias para mitigar los efectos de la pirotecnia. El doctor Juan Luis Ferrer indicó que el Colegio maneja regularmente casos clínicos por estos efectos y que están listos para compartir iniciativas de prevención.
Al cierre de la vista, Pacheco Burgos afirmó que el P. de la C. 37 representa una oportunidad para “actualizar nuestras leyes, proteger la salud de nuestras comunidades y preservar el bienestar de nuestros animales y recursos naturales”.
