La Comisión de lo Jurídico del Senado discutió este martes el Proyecto del Senado 43, que propone enmendar el Código Civil de Puerto Rico para aclarar la responsabilidad legal de los hospitales en casos de daños causados por personal o franquicias médicas que operan dentro de sus instalaciones.
La medida, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, busca que los hospitales respondan vicariamente y no objetivamente, lo que significaría que solo serían responsables si se prueba negligencia, y no de forma automática.
“Imponer responsabilidad objetiva a los hospitales resulta oneroso y socialmente imprudente”, indica el proyecto.
Carlos Santiago, consultor legal de la Asociación de Hospitales, respaldó la medida. “Este proyecto es una corrección justa. Ofrece un trato más equitativo a los hospitales y protege la calidad de la atención médica”, expresó.
Víctor Galán, asesor legal de la ACAA, también apoyó el proyecto. “Este cambio permitiría mayor equilibrio legal y opciones de compensación más efectivas para las víctimas”, sostuvo.
Galán aclaró que no espera un aumento en la litigación y afirmó que “los hospitales serán más rigurosos al contratar médicos, lo que beneficiará la calidad del servicio.”
Ariel O. Caro Pérez, presidente de la Comisión de Salud del Colegio de Abogados, expresó su rechazo. “Esta medida representa un retroceso en la protección de los derechos de los pacientes”, dijo. También advirtió que favorece a los hospitales y no a las franquicias médicas.
“La responsabilidad objetiva es el remedio adecuado en los casos de franquicia médica y cuando el paciente acude sin referido”, afirmó Caro.
La presidenta de la Comisión, Roxanna Soto Aguilú, cuestionó cuántas reclamaciones han sido evaluadas bajo la responsabilidad objetiva. La licenciada Maricarmen Montaner, en representación de la Asociación de Hospitales, respondió que no tiene conocimiento de decisiones judiciales al respecto.
El proyecto continúa en evaluación legislativa. El debate se centra entre quienes lo ven como una medida de justicia para los hospitales y quienes temen un debilitamiento en la protección legal para los pacientes.
