Miembros de organizaciones comunitarias, ambientales y religiosas repudiaron hoy la reciente firma de la Ley 1, que prolonga el uso del carbón para la generación de electricidad en Puerto Rico.
Durante una conferencia de prensa efectuada a pasos de la Mansión Ejecutiva, los activistas tronaron además contra el desprecio -de la gobernadora Jenniffer González Colón y los legisladores que aprobaron la medida- por la vida de las personas afectadas por las emisiones tóxicas al aire, agua y suelo de la carbonera AES en Guayama.
“El gobierno ha priorizado las ganancias de AES sobre la salud y el bienestar del pueblo. Mientras la empresa ha visto un incremento en sus beneficios financieros, Puerto Rico ha pagado el costo con la vida y la salud de su gente”, sentenció Felícita Burgos, en representación de la Red Continental Cristiana por la Paz.
“La extensión de las operaciones de AES hasta 2032 traslada el problema a la próxima administración, evadiendo la responsabilidad de enfrentar la crisis climática y sus consecuencias para Puerto Rico. Ignorar el impacto del calentamiento global y seguir apostando por energías contaminantes es una decisión negligente que compromete el futuro del país”, puntualizó además.
Activistas como Myriam Gallardo, de la Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud y Víctor Alvarado del Comité Diálogo Ambiental se unieron al reclamo.
A continuación, la reacción que brindaron sobre la firma de la Ley 1 y que difundieron mediante comunicado de prensa:
“Esta medida representa una grave amenaza para el bienestar, la salud y la vida de las y los puertorriqueños. Además, evidencia de manera contundente la irresponsabilidad y la ineficiencia del gobierno, que modifica y deroga leyes debido a su falta de determinación y capacidad para actuar con firmeza y eficacia.
La primera ley firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón no sólo evidencia incompetencia e irresponsabilidad, sino que también demuestra un absoluto desprecio por la vida de las personas afectadas por el desastre ambiental de la carbonera AES en Guayama.
La quema de carbón ha provocado serios problemas de salud, causado enfermedades y cobrado la vida de cientos de puertorriqueños. Además, su impacto se extiende a 14 municipios donde, con el encubrimiento de las autoridades, AES depositó más de dos millones de toneladas de cenizas tóxicas.
Extender el contrato de la carbonera por cinco años más es una sentencia de muerte para miles de puertorriqueñas y puertorriqueños, quienes seguirán expuestos a la contaminación generada por esta empresa.
Pese a que AES se comprometió inicialmente a exportar las cenizas tóxicas, el Gobierno permitió su uso en la construcción de urbanizaciones, centros comerciales y carreteras, ignorando el precedente del desastre humanitario causado en República Dominicana por estos mismos residuos.
Cuando la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) y organizaciones comunitarias denunciaron el peligroso manejo de las cenizas en terrenos baldíos y proyectos abandonados, el gobierno, en lugar de tomar acción, protegió a AES al permitir su disposición en vertederos de desperdicios domésticos.
Esta complicidad obedeció a un solo propósito: maximizar las ganancias de la empresa al evitar los costos de exportación.
Ante esta crisis, comunidades y organizaciones se lanzaron a las calles. Luego de años de lucha desde Peñuelas, Guayama, Humacao y otros pueblos, se aprobó una ley que prohibía el depósito de cenizas tóxicas en la isla, obligando a AES a cumplir con su compromiso original de exportarlas.
Sin embargo, cuando la empresa alegó dificultades económicas por este requisito, el gobierno cedió al chantaje y aprobó un rescate multimillonario que permitió a AES continuar con sus operaciones.
Los efectos de la quema de carbón en la salud de las comunidades están ampliamente documentados, por estudios de la Escuela de Salud Pública en 2016 y 2018.
De igual forma, análisis de la propia AES solicitados por la EPA, confirman la contaminación del acuífero del sur con elementos tóxicos provenientes de las cenizas.
Asimismo, el Colegio de Químicos ha identificado la presencia de estos contaminantes en fuentes de agua que abastecen a hogares en Guayama y Salinas.
A pesar de esta evidencia, el gobierno sigue ignorando el aumento alarmante de casos de cáncer, enfermedades respiratorias y otros reportados por los médicos y residentes de Guayama.
El gobierno ha priorizado las ganancias de AES sobre la salud y el bienestar del pueblo. Mientras la empresa ha visto un incremento en sus beneficios financieros, Puerto Rico ha pagado el costo con la vida y la salud de su gente.
La falta de acción ante la negligencia de AES quedó aún más clara en 2017, cuando la empresa desatendió la orden de cubrir las cenizas antes del paso de los huracanes Irma y María, permitiendo que estas se dispersaran y contaminaran el acuífero.
Aunque el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales impuso una multa, nunca la cobró, demostrando una vez más su falta de voluntad para hacer cumplir la ley.
El gobierno también ha fallado en trazar un plan energético real para Puerto Rico. La primera ley firmada por la gobernadora no solo perpetúa la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también debilita las metas de transición a energía renovable establecidas para 2050.
En lugar de acelerar la transformación del sistema eléctrico, se apuesta por más gas fósil o metano –mal llamado gas natural– y se permite la operación irregular de New Fortress, sin los permisos adecuados.
¿Cuántas veces más cambiarán las metas establecidas? ¿Realmente alguna vez tuvieron la intención de cumplirlas o solo fueron promesas vacías con fines políticos?
La extensión de las operaciones de AES hasta 2032 traslada el problema a la próxima administración, evadiendo la responsabilidad de enfrentar la crisis climática y sus consecuencias para Puerto Rico. Ignorar el impacto del calentamiento global y seguir apostando por energías contaminantes es una decisión negligente que compromete el futuro del país.
Exigimos a la gobernadora Jenniffer González Colón y a la Legislatura que escuchen a las comunidades afectadas, se reúnan con nuestras organizaciones y evalúen con seriedad las alternativas propuestas por Queremos Sol y otros expertos.
Es hora de responder al pueblo que los eligió, que paga sus salarios y que sufre las consecuencias de sus decisiones. Puerto Rico merece un sistema energético limpio, seguro, sostenible y justo”.
