Los alcaldes de Salinas y Guayama, Karilyn Bonilla Colón y O’brain Vázquez Molina, respectivamente, señalaron que sus municipios ven afectadas sus finanzas municipales por las masivas exenciones a impuestos municipales que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) concede.
Esto con la aprobación de la Junta de Control Fiscal (JCF), a empresas nuevas, sin considerar a los alcaldes que batallan ante la eliminación del Fondo de Equiparación, entre otros recortes presupuestarios.
Mediante carta al director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, los alcaldes señalan que dicha entidad, en virtud de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico, (PROMESA, por sus siglas en inglés) tiene la misión de supervisar la reestructuración de la deuda y promover la responsabilidad fiscal en la isla.
“Desde una perspectiva de administración pública, reconocemos la complejidad de los desafíos económicos que ha enfrentado Puerto Rico, y las diversas decisiones que han impactado su salud fiscal. No obstante, existe una diferencia fundamental en la visión sobre el desarrollo futuro del país”, expuso Bonilla Colón.
“Mientras algunos sectores enfatizan medidas de austeridad como vía principal para alcanzar estabilidad fiscal, consideramos que es imprescindible priorizar a nuestros municipios y adoptar estrategias que fomenten el crecimiento económico sostenible para el bienestar de Puerto Rico”, agregó.
Vázquez Molina expuso que “vemos además, que la implementación de medidas económicas severas, que tienen un impacto directo sobre los municipios. El Plan Fiscal aprobado, eliminó el Fondo de Equiparación, y con ello casi la mitad de los municipios de Puerto Rico, entiéndase los considerados pequeños y medianos, están en riesgo de cerrar operaciones, recortar servicios, despedir empleados, entre otras medidas que afectarán el servicio que brindamos a las comunidades y constituyentes”.
Ambos alcaldes señalaron que con la eliminación del Fondo de Equiparación, los presupuestos municipales se limitan a considerar fondos propios, principalmente por concepto de CRIM, IVU, Patentes Municipales y arbitrios de construcciones, de todas las actividades económicas que se den dentro de sus jurisdicciones. “Por tal razón, expresamos nuestro más enérgico rechazo a los decretos contributivos que la JCF apoya junto al gobierno central a través del DDEC, específicamente las exenciones que se otorgan sobre impuestos municipales”, señaló Bonilla Colón.
El alcalde de Guayama añadió que “es cierta la necesidad de incentivar a nuevas industrias y/o empresas para que inviertan en Puerto Rico, sin embargo, los decretos que se otorgan limitan las oportunidades de allegar fondos municipales, y los mismos son aprobados por periodos extensos de tiempo. Esto pone en desventaja a los municipios. Consideramos inaceptable que el programa de incentivos se implemente a expensas de comprometer la estabilidad fiscal de los municipios. Como todos sabemos, esta práctica es, en parte, responsable del estancamiento en el desarrollo económico de Puerto Rico”.
“De igual forma, existen cientos de decretos otorgados, que representan millones de dólares que los municipios dejamos de recibir, y de los cuales desconocemos, si los beneficiarios cumplen con las condiciones que les fueron exigidas para su aprobación. A modo de ejemplo, la más reciente notificación que recibimos, fue el decreto otorgado a Clean Flexible Energy, que los exime en un 100 por ciento del pago de arbitrios de construcción extensivo a contratistas y subcontratistas, 100 por ciento en patentes de construcción, 100 por ciento en patentes municipales (primeros dos semestres), 60 por ciento en patentes municipales y otros impuestos municipales los años subsiguientes, y 90 por ciento en propiedad mueble e inmueble”, detalló la alcaldesa de Salinas.
“Nosotros los alcaldes vemos que mientras ustedes como junta nos solicitan que tenemos que ser autosuficientes en términos de ingresos, y promover el desarrollo económico de nuestros pueblos, continúan la aprobación este tipo de decretos en detrimento de los mejores intereses de los constituyentes a los cuales servimos. Entendemos que estos tipos de decretos deben ser consultados y en acuerdo con los municipios, y establecer unos parámetros más equitativos para las exenciones que se consideren otorgar sobre los impuestos municipales”, finalizó Vázquez Molina.
