Organizaciones ambientales, encabezadas por el Sierra Club de Puerto Rico, reiteraron el martes su oposición al Proyecto de la Cámara 267, que propone extender hasta el año 2032 los daños ambientales y a la salud de la carbonera AES y exigieron al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, frenar su aprobación.
La medida, aprobada en la Cámara, contradice el mandato de la Ley 17-2019, que establece el cese del uso de carbón para el 1 de enero de 2028.
“En el pasado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha tomado acciones para obtener más información sobre los procesos de la planta de carbón y el depósito de cenizas tóxicas en Peñuelas”, recordó Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club Puerto Rico.
“Ahora tiene la oportunidad de reafirmar su compromiso con el bienestar del pueblo, realizando vistas públicas, dando participación a las comunidades de Guayama afectadas por AES y a otros expertos que fueron ignorados por la Cámara de Representantes, y fomentar la transición a energías renovables votando en contra del P.C. 267”, continuó.
«Extender la operación de AES hasta el 2032 agrava el daño que esta planta ha causado durante décadas, especialmente en las comunidades de Guayama y pueblos circundantes, que han sufrido los efectos de la contaminación del aire y la disposición de cenizas tóxicas. Además, es un grave retroceso en la política energética y ambiental del país”, añadió Vázquez Torres.
La directora del Sierra Club recordó que desde el inicio de sus operaciones en el año 2002, AES ha sido objeto de numerosas denuncias por los efectos tóxicos de la quema de carbón y la disposición de sus cenizas.
Se estima que más de dos millones de toneladas de cenizas tóxicas han sido dispersadas en 12 municipios de Puerto Rico, mientras que otras 700 mil toneladas fueron enterradas de manera ilegal en vertederos.
A pesar de una orden de la Junta de Calidad Ambiental en 2017 para contener estos residuos, AES ha incumplido con estas regulaciones y continúa acumulando cenizas en sus instalaciones, a la intemperie.
“Mientras en otros lugares del mundo se acelera la transición a energías limpias, en Puerto Rico seguimos atados a un modelo energético obsoleto que pone en riesgo nuestra salud y nuestro futuro”, agregó Vázquez Torres. “Es inaceptable que el gobierno favorezca la permanencia de AES a expensas de las comunidades afectadas y de nuestro derecho a un aire limpio”.
Las organizaciones también criticaron que la extensión de la operación de AES contradice el compromiso de Puerto Rico con la transición a energías renovables y favorece los intereses de una corporación por encima del bienestar del pueblo.
La coalición Queremos Sol denunció que el proceso de aprobación del P.C. 267 se llevó a cabo de manera «atropellada y poco democrática», sin la realización de vistas públicas que permitieran la participación ciudadana y la de expertos en el tema.
«Esta medida ignora la evidencia científica, las denuncias de las comunidades afectadas y el mandato de la Ley 17. Exigimos que el Senado rechace este proyecto y que la Gobernadora se comprometa a cumplir con la transición energética que Puerto Rico necesita», agregó Vázquez Torres.
La líder ambiental insistió en que una enmienda que sí debía contemplar el P.C. 267 era establecer metas más ambiciosas para la transición a energías renovables de manera responsable y considerar las propuestas presentadas por las organizaciones ambientales.
