Con 24 votos a favor, el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 113, que pretende imponer penas más severas contra quienes incurran en explotación financiera de poblaciones vulnerables, incluyendo adultos mayores.
La medida, presentada por el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, enmienda el Artículo 127-C de la Ley Núm. 146-2012, conocida como el Código Penal de Puerto Rico.
Actualmente, el uso indebido de fondos de un adulto mayor se clasifica como delito menos grave si la cantidad es de hasta $2,500 y como delito grave si supera esa cifra. Sin embargo, la enmienda propuesta busca reducir el umbral a $500, alineando así la clasificación de este delito con la apropiación ilegal agravada.
Además, la enmienda establece penas de reclusión más estrictas, incluyendo un término fijo de ocho años para quienes incurran en este tipo de delito.
“La explotación financiera de nuestros viejitos, ya sea mediante la malversación de fondos, la enajenación de bienes o la negación de acceso a sus recursos, es un delito que debe ser castigado con severidad”, expresó el senador Ríos tras la aprobación de la medida.
El proyecto ahora pasa a la consideración de la Cámara de Representantes y, de ser aprobado, se remitirá a la gobernadora para su firma.
