La más reciente orden ejecutiva firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón mandata una revisión abarcadora de las agencias y los procesos gubernamentales para eliminar todo aquello que suponga una piedra en el camino para el sector privado.
La tarea le fue delegada a la secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo, a través de la orden ejecutiva 2025-009 firmada el pasado 4 de febrero.
En su primer “por cuanto”, la orden reconoce al sector privado “como el actor principal encargado de la prosperidad económica” del país.
“Bajo este enfoque, el gobierno debe adoptar una postura de facilitador, enfocado en reducir y eliminar regulaciones y procesos burocráticos excesivos, para permitir que el sector privado y el mercado libre dicten la pauta y la dirección de nuestro futuro económico”, lee el documento.
El estatuto ordena revisar los procesos, los trámites, la reglamentación, las regulaciones y las disposiciones administrativas de las agencias, los departamentos, las corporaciones y demás instrumentalidades gubernamentales que representan “obstáculos” y “añaden costos innecesarios” para la empresa privada.
“Esta administración está comprometida con la implementación de políticas públicas dirigidas a la desregulación, simplificación y modernización de los procesos y estructuras administrativas, con el fin de garantizar la eficiencia, fortalecer la competitividad económica y mejorar la provisión de servicios esenciales a nuestros ciudadanos”, establece la orden.
Ferraiuoli Hornedo, quien además de ser secretaria de Estado es la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, ahora tendrá la tarea de revisar todas las agencias para identificar cuáles pueden ser “consolidadas o mejoradas”.
Con relación a los procedimientos, trámites y regulaciones, se le instruye a “ajustarlos a las necesidades actuales” y “eliminar aquellos que resulten obsoletos, redundantes o innecesarios, o que dificulten los servicios que son provistos a nuestros ciudadanos”.
A pesar de que la orden habla de simplificar los procesos para procurar mayor eficiencia, también autoriza a la secretaria de Estado a proponer la creación de nuevas estructuras, trámites y regulaciones administrativas “que permitan posicionar a Puerto Rico como un lugar propicio para el quehacer económico”.
Asimismo, tiene la encomienda de actualizar los sistemas tecnológicos del gobierno junto a la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS).
En un periodo de 30 días a partir de la firma de la orden, se deberán crear comités agenciales en cada dependencia del gobierno para que ayuden a Ferraiuoli Hornedo a realizar esta tarea.
La orden estipula, además, que toda reglamentación nueva que se proponga en las agencias deberá ser cónsona con la política pública que defina la secretaria de Estado.
Ferraiuoli Hornedo deberá mantener comunicación con la Junta de Control Fiscal para cumplir con las disposiciones de la ley federal PROMESA.
