Luego de que el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, lo emplazara a hacerlo, el designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, enmendó ayer la orden administrativa sobre La Parguera, mas no alteró su esencia.
El cambio se centra en el inciso F de la orden administrativa 2025-01, que dispone el archivo de los casos pendientes de adjudicación por presuntas violaciones ambientales en la reserva natural.
Aunque el cambio de lenguaje se le requirió para establecer que los casos no se engavetarían, sino que serían investigados por los oficiales examinadores y jueces administrativos del DRNA siguiendo el procedimiento establecido en los reglamentos de la agencia -como él alegó que ocurriría-, la orden enmendada mantiene la orden de archivar.
Quiles Pérez depuso ayer ante una Comisión Total del Senado para rendir cuentas sobre la controversial orden, cuya legalidad ha sido cuestionada por ir contra estatutos estatales y federales de protección ambiental.
Además, para explicar por qué ordenó el archivo inmediato de los casos, incluyendo el que conduce la agencia contra José del Carmen Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.
La orden original establecía, en su inciso F, lo siguiente: “Se ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos el archivo de los casos relacionados a los asuntos establecidos en la presente orden administrativos por convertirse académicos”.
A pesar de ello, Quiles Pérez aseveró múltiples veces que el inciso no decía lo que decía, sino que contenía un lenguaje dirigido a los oficiales examinadores y a los jueces administrativos, que “ellos lo entendían” y que proseguirían sus investigaciones para entonces decidir si recomendaban o no el archivo de los casos.
Tras ser fustigado por los senadores del Partido Popular Democrático y del Partido Independentista Puertorriqueño, algunos del Partido Nuevo Progresista y el senador independiente Eliezer Molina Pérez porque el inciso era claro y no se prestaba a otra interpretación, el secretario designado se comprometió a enmendar la orden, lo que hizo una vez finalizó la Comisión Total.
El inciso F dispone ahora lo siguiente: “Se ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos que, luego de los trámites de rigor y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y en las Reglas de Procedimiento de Vistas Administrativas de la Junta de Calidad Ambiental, evalúe la aplicabilidad de las disposiciones de la presente Orden Administrativa a las circunstancias particulares de cada caso ante su consideración y, de entenderlo procedente, ordene el archivo de los casos relacionados con las disposiciones establecidas en la presente Orden Administrativa por convertirse en académicos”.
El archivo de los casos, por lo tanto, se mantiene.
Este cambio es cónsono con la explicación ofrecida por Quiles Pérez durante toda la vista senatorial, en la que reiteró que las investigaciones se llevarían a término, pero que al final se archivarían los casos relacionados con los asuntos estipulados en la orden administrativa.
La orden, en esencia, les otorga concesiones a los dueños de las estructuras levantadas sobre bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre a cambio del pago de derechos al Estado y prohíbe las construcciones que amplíen esa huella, pero sin darle herramientas de fiscalización a la agencia para impedirlo.
“Si los oficiales examinadores determinan que hay algo concernido a esta orden administrativa, lo van a evaluar y procederán al archivo. Si tiene que ver con esta orden, que es específica para reconstrucción de las estructuras allí”, respondió el secretario a preguntas de la senadora novoprogresista Nitza Morán.
Acto seguido, mencionó un ejemplo de una querella que no se archivaría por causa de esta orden.
“Si alguien tenía un tanque de diésel allí y estaba botando diésel, eso no cae dentro de esta orden administrativa y procede el curso general. De hecho, todas tienen que ser evaluadas, para determinar si cumplen con la orden administrativa o no. En ese proceso, se toma la decisión”, sostuvo Quiles Pérez.
Morán insistió en una respuesta clara al preguntarle: ¿Cómo puedo entender lo que va a pasar en el inciso F, porque todo va a ser archivado?
“No, no todo va a ser archivado, solamente lo que esté concernido a esta orden administrativa, señora senadora. Si alguien está con un tanque de diésel tirando diésel por allí, eso no está incluido en la orden administrativa”, reiteró el funcionario.
Quiles Pérez firmó esta orden administrativa el mismo día de su designación, el pasado 9 de enero. Durante la vista senatorial, señaló que le asesoró el abogado que redactó la orden y que es el jefe de los oficiales examinadores, Samuel Acosta; que su evaluación y firma le tomó dos horas; y que no tomó en cuenta las opiniones legales de la propia agencia sobre propuestas similares del pasado, como tampoco consultó el asunto con el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Agencia Federal de Protección Ambiental y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
