El designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, aseguró hoy que el caso contra los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón por presuntas violaciones ambientales en La Parguera no será archivado.
Su aseveración ocurrió durante la Comisión Total del Senado de Puerto Rico, que se convocó para aclarar las motivaciones y el alcance de la orden administrativa 2025-01, firmada por Quiles Pérez el mismo día de su designación el 9 de enero.
El DRNA investiga a José del Carmen Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de González Colón, desde el 2023 por haber cortado mangle y rellenado para construir un tablado y una terraza aledañas a su residencia enclavada en la reserva natural de Lajas.
¿Usted no va a archivar el caso de los suegros de la gobernadora livianamente, (sino) que se va a atender como cualquier otro caso de lo que estuviera pendiente allí?, preguntó el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.
“Como cualquier hijo de vecino”, respondió el nominado.
Y si tuviera una violación de ley y correspondiera hacerle una imposición de multa o cualquier sanción que corresponda conforme a la ley, ¿usted lo haría?, cuestionó Rivera Schatz.
“Eso es correcto”, contestó.
¿Usted no va a archivar ni el caso de los suegros de la gobernadora ni ningún otro?, insistió el líder senatorial.
“Correcto, señor senador”.
Además, a preguntas de la senadora Ada Álvarez Conde, afirmó que ese caso “no se engavetó, definitivamente, que no”.
No obstante, durante la sesión, Pérez Quiles reconoció en múltiples instancias que, aunque se mantengan las investigaciones, al final se archivarán aquellos casos que tengan que ver con la materia de esta orden: la construcción en las estructuras ubicadas sobre el agua.
La orden, en esencia, les otorga concesiones a los dueños de las estructuras levantadas sobre bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre a cambio del pago de derechos al Estado y prohíbe las construcciones que amplíen esa huella, pero sin darle herramientas de fiscalización a la agencia para impedirlo.
En su inciso F, establece que “se ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos el archivo de los casos relacionados a los asuntos establecidos en la presente orden administrativos por convertirse académicos”. A pesar de ello, Quiles Pérez aseveró múltiples veces que el estatuto no dice lo que dice, sino que es un lenguaje dirigido a los oficiales examinadores y a los jueces administrativos, que ellos lo entienden y que proseguirán sus investigaciones para entonces decidir si recomiendan o no el archivo de los casos.
“No, no, no, no, ellos tienen que evaluarlas. La orden es para los oficiales examinadores. Ya ellos saben. Hasta que ellos no las evalúen, no determinan si les aplica la orden administrativa”, respondió a preguntas de Rivera Schatz.
Posteriormente, le indicó a la senadora Marially González Huertas que “me reafirmo señora senadora, como dije en ocasiones anteriores, que el lenguaje que está escrito aquí es un lenguaje que los señores oficiales examinadores entienden”.
“El inciso F no está escrito para el resto de la población, está escrito para ellos, ellos entienden lo que dice ahí”, planteó el secretario.
En el intercambio con la senadora Nitza Morán, el funcionario precisó cuándo aplicaría el archivo de los casos.
Si los oficiales encuentran una violación de ley y usted tiene esta orden firmada, ¿qué va a suceder?, preguntó la senadora del distrito de San Juan.
“Sigue el curso. Si los oficiales examinadores determinan que hay algo concernido a esta orden administrativa, lo van a evaluar y procederán al archivo. Si tiene que ver con esta orden, que es específica para reconstrucción de las estructuras allí”, respondió el secretario.
Acto seguido, mencionó un ejemplo de una querella que no se archivaría por causa de esta orden.
“Si alguien tenía un tanque de diésel allí y estaba botando diésel, eso no cae dentro de esta orden administrativa y procede el curso general. De hecho, todas tienen que ser evaluadas, para determinar si cumplen con la orden administrativa o no. En ese proceso, se toma la decisión”, sostuvo.
Morán insistió en una respuesta clara al preguntarle: ¿Cómo puedo entender lo que va a pasar en el inciso F, porque todo va a ser archivado?
“No, no todo va a ser archivado, solamente lo que esté concernido a esta orden administrativa, señora senadora. Si alguien está con un tanque de diésel tirando diésel por allí, eso no está incluido en la orden administrativa”, reiteró.
También a preguntas de Morán, el secretario dijo que la orden es prospectiva, no retroactiva. Sin embargo, tiene el efecto de dilucidar los asuntos pendientes.
¿Usted archiva lo que está en curso, no lo que viene en el futuro?, preguntó Rivera Schatz
“Exacto”, respondió.
De otro lado, Quiles Pérez no pudo explicar cómo se cerciorará de los oficiales examinadores y jueces administrativos actúen imparcialmente al aplicar esta orden.
¿Existe la posibilidad de que uno aplique a favor y otro en contra, usando esta orden?, preguntó el senador Ángel Toledo López.
“Son seres humanos quienes atienden los casos. Sí hay un reglamento establecido, pero cada oficial examinador va a emitir su propio juicio y en ese juicio, como cualquier ser humano pudiera tomar una decisión equivocada”, contestó.
¿Existen controles para evitar que ese juicio no se utilice para favorecer a alguien?, prosiguió el senador penepé.
“Entiendo que tiene que haberlo. Es que no conozco al dedillo el procedimiento. En nueve días no puedo aprenderme todos los reglamentos, pero sin lugar a dudas debe haber procesos, checks and balances en estos procedimientos para que sea imparcial el juicio de todos los casos”.
¿Y entiende que así ellos operan?, preguntó el legislador.
“No tengo por qué dudarlo”.
Luego de ser fustigado por varios senadores sobre la redacción del inciso F, Quiles Pérez se comprometió a enmendar la orden para clarificar el lenguaje.
¿Usted va a ajustar el lenguaje para que se sigan los procedimientos y cumplimiento con la ley y con los otros extremos que incluye la orden, entonces usted decidiría conforme a lo que tenga ante sí?, cuestionó el presidente senatorial.
“Eso es correcto. No lo hice con anterioridad porque quería tener la oportunidad de explicarle a este honorable cuerpo por qué hice lo que hice. Si yo hubiese salido corriendo y la hubiese enmendado, yo no hubiese quedado bien”, indicó el nominado.
Quién redactó la orden
Por otra parte, Quiles Pérez alegó que fue el abogado Samuel Acosta, quien trabaja hace años en la agencia, el que redactó la orden a petición del pasado subsecretario y secretario interino del DRNA, Roberto Méndez Martínez.
“Esta orden se vino trabajando desde la administración anterior a petición del entonces secretario interino”, afirmó el secretario designado a preguntas del senador Luis Javier Hernández Ortiz.
El interinato de Méndez Martínez ocurrió mientras la secretaria en propiedad, Anais Rodríguez Vega, mientras estuvo fuera por licencia de maternidad.
“Esta orden administrativa se preparó desde la administración anterior, se discutió con el anterior secretario interino. Cuando llego al departamento y advengo en conocimiento que es un asunto pendiente, entre muchos otros, veo la orden administrativa, veo los documentos que se usaron para redactarla, los reviso, me queda claro”, elaboró Quiles Pérez.
El secretario mencionó que, durante un periodo de dos horas en su primer día de trabajo el 9 de enero, estuvo acompañado por Acosta y otro abogado de apellido Soto, y leyó tanto la orden como el memorando de entendimiento que suscribió el DRNA con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en 1978 sobre el manejo de las casetas de La Parguera, y la Ley Jones.
“Con eso fue suficiente para yo determinar que esto era un proyecto bueno, que atendía un asunto que en 60 años no se había atendido, y le puse fin y coto”, aseveró.
Tanto Hernández Ortiz como el senador independiente Eliezer Molina Pérez expresaron que existe un borrador de la orden, que data de diciembre, que no tiene el inciso F que ordena el archivo de los casos. Quiles Pérez aseguró que nunca vio ese borrador y que la orden que le dejaron sobre el escritorio ya incluía el referido inciso.
Molina Pérez también llevó al secretario a confirmar que el licenciado Acosta es el director de la oficina de oficiales examinadores. Cuando el senador José Santiago le preguntó si no le había llamado la atención que Acosta escribiera una orden que le ordenaba a sus supervisados archivar los casos pendientes de adjudicación, Quiles Pérez defendió su experiencia legal y respondió que “él tiene conocimiento al respecto”.
Niega haber hablado con la gobernadora
Quiles Pérez también aseguró que no discutió la orden con la gobernadora Jenniffer González Colón. Cuando la senadora Joanne Rodríguez Veve le preguntó por qué no lo hizo, dijo que “porque no era pertinente”.
“Yo soy el secretario y estoy facultado en derecho y en ley a tomar decisiones y tomé la decisión que tomé”, sostuvo.
¿No cree que fue prudente consultárselo?, cuestionó la legisladora de Proyecto Dignidad.
“Es que aquí no hay ningún conflicto de interés. Yo soy el señor secretario designado y actué conforme a la ley y al derecho. Tomé esa decisión y me paro responsable de ella ante este cuerpo”, respondió.
Cabe señalar que Quiles Pérez acudió a la sesión senatorial acompañado del abogado Carlos Rivera Justiniano, quien es asesor de González Colón en La Fortaleza.
De otro lado, en su intercambio con el senador Toledo López, negó haber sido obligado a firmar esta orden.
¿Alguien lo coaccionó a firmar esta orden administrativa?, preguntó el senador penepé.
Nadie.
¿Lo obligó?
No.
¿Le ofreció dinero a cambio de que usted la firmara?
No.
¿Le ofreció un puesto a cambio de que usted la firmara?
No.
Quiles Pérez relató que el director de campaña de González Colón, Ángel Cintrón, lo llamó para ofrecerle dirigir el DRNA o el COR3, y que optó por la primera -aunque paga menos- porque le permitiría poner en vigor cambios que había propuesto cuando trabajó la agencia entre el 2011-2012 y 2022-2024, pero que los secretarios de entonces no habían tomado en cuenta.
También dijo que la gobernadora lo entrevistó el 8 de enero por la tarde y esa misma noche le confirmaron que había sido elegido para dirigir el DRNA.
