El nuevo-viejo gobierno anunció un supuesto plan de transformación energética que, en realidad, no transforma nada.
Bajo un discurso que reconoce su inhabilidad y desinterés para avanzar hacia un modelo energético a la altura de este milenio, eliminan las metas de integración de fuentes limpias y renovables, a corto y mediano plazo, dejando un ilusorio 100 por ciento de energía renovable para el año 2050.
Nadie sabe cómo van a alcanzar esa meta final si no se cumple con las pequeñas y medianas.
En lugar de avanzar hacia la autosuficiencia y adaptación climática, el gobierno propone mantener el mismo sistema centralizado basado en la quema de petróleo, diésel, gas y carbón, todos combustibles fósiles, y cuya configuración depende de largas líneas de transmisión y distribución eléctrica.
Este modelo no sólo es obsoleto y perjudicial para el ambiente, así como costoso y perjudicial para la salud de nuestra población. Por su centralización, tampoco resuelve la vulnerabilidad del sistema por cualquier crisis o evento climático. Además, beneficia exclusivamente a un pequeño grupo de intereses privados, mientras se extiende el modelo de la dependencia de combustibles importados.
Uno de los puntos más alarmantes de este plan es la expansión del uso de gas “natural” y la continuidad de las operaciones de AES, una empresa que ha sido ampliamente criticada por sus prácticas de quema de carbón y la generación de cenizas tóxicas.
Estas cenizas, cuyo manejo irresponsable ya ha causado daños significativos en varias comunidades, seguirán siendo un riesgo constante que contamina, entre otros recursos, al Gran Acuífero del Sur.
También se propone gobernar mediante decretos de emergencia energética, lo que equivale a otorgar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo.
La experiencia previa nos advierte de los peligros de esta estrategia: en el 2010, bajo el pretexto de una emergencia, se intentó imponer el gasoducto del norte o Vía Verde, un proyecto descartado tras una fuerte oposición ciudadana.
Este tipo de decreto sólo facilita la asignación de contratos de manera opaca y sin la necesaria deliberación pública. En el caso del gasoducto del norte, la mal llamada Vía Verde se definió a escondidas del pueblo un año antes de la declaratoria de emergencia, o sea, el árbol antes que la raíz.
Así como hicieron gaslighting con la Vía Verde presentándola como un paso hacia las renovables, ahora intentan vender el gas “natural” como la vía hacia el hidrógeno verde. En lugar de impulsar las fuentes renovables, hablan de descarbonización. Todo son cuentos de camino y juegos de palabras que solo generan falsas expectativas en la población, manteniéndonos estancados y sin avanzar hacia un modelo alternativo.
El concepto de “transformación” queda vacío cuando no hay cambios estructurales reales. La meta debe ser lograr independencia energética verdadera, por lo que es imperativo adoptar un enfoque descentralizado y democratizado, donde la ciudadanía tenga un rol activo en la generación de energía.
Esto implica impulsar fuentes de energía propias, gratuitas y limpias en el punto de consumo, como el sol, que no solo son más sustentables, sino que también fortalecen nuestras capacidades productivas.
La independencia energética no es un sueño inalcanzable; es una necesidad urgente y factible. La tecnología para implementar energías renovables está disponible, y en las comunidades hemos demostrado que es posible generar energía localmente en techos de estructuras construidas, en microrredes y ahora en red de microrredes, como lo hemos hecho en Adjuntas, reduciendo costos y promoviendo justicia social.
Este modelo beneficia al ambiente y también fomenta la creación de empleos locales y una mayor preparación ante desastres naturales o calamidades humanas como las vividas con LUMA y Genera PR.
Por estas y muchas otras razones, es fundamental rechazar los intentos del gobierno de colocar los recursos económicos disponibles para llevarnos al pasado, prolongando un sistema obsoleto y nocivo. En su lugar, debemos abogar por una transición justa y equitativa que coloque a la gente, sus comunidades y el ambiente en el centro de las decisiones energéticas.
Necesitamos movilizarnos y exigir un cambio real. El futuro de nuestra capacidad energética no puede dictarse según políticas comprometidas con intereses ajenos ni impuesta desde la metrópoli, bajo un nuevo mandato presidencial antihumanitario y anti planetario.
La independencia energética es el camino hacia un Puerto Rico más sustentable y justo con verdadero desarrollo social y económico.
Colaboración especial para La Perla del Sur y Periódico Claridad
