El senador independiente Eliezer Molina Pérez refirió a varias agencias del gobierno estadounidense su denuncia de construcciones ilegales sobre terrenos de dominio público en la reserva natural La Parguera, en Lajas.
La denuncia está plasmada en una carta de cuatro páginas con varios anejos, la cual fue enviada a William H. “Butch” Graham, Jr., teniente general del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en Washington, D.C. Asimismo, le dirigió una copia a James L. Booth, comandante de Distrito del Cuerpo de Ingenieros en la región de Jacksonville, Florida, que supervisa a Puerto Rico.
Dos funcionarios de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) también recibieron la misiva.
Se trata Michael S. Regan, administrador de la agencia, y la directora para la región del Caribe, Carmen Guerrero.
Molina Pérez también le envió la documentación al jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow; a la directora del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, Martha Williams; y a la principal oficial administrativa de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell.
Igualmente, le circuló la carta a Cynthia Ferguson, directora del “task force” anticrimen del Departamento de Justicia federal; al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, el representante Bruce Westernman; y a Richard Spinrad, administrador de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Los anejos contienen información sobre la biodiversidad de esta reserva natural, que alberga una bahía bioluminiscente, así como evidencia del daño que han ocasionado al ecosistema las construcciones ilegales.
Entre ellas se incluye el corte y la destrucción de mangles, el relleno de humedales y la descarga de aguas usadas.
“Como el gobierno estatal y el gobierno federal se han tardado décadas y han arrastrado los pies para acabar con esta problemática, nosotros le hemos dado la plena jurisdicción para que entonces no tengan excusa ninguno de los entes y que tengan que intervenir”, expresó el legislador en entrevista con Teleonce.
Molina Pérez agregó que “esta es la estructura (el referido) para que se devuelva la reserva natural de La Parguera al pueblo completo”.
“Son terrenos del pueblo de Puerto Rico que han sido invadidos por décadas y el juego se acabó”, aseveró.
El senador electo por nominación directa hizo este referido en el contexto de la orden administrativa emitida por el designado secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, con la que intenta legalizar las estructuras construidas sobre terrenos de dominio público en la zona marítimo terrestre de La Parguera. Eso incluye residencias, conocidas históricamente como “casetas”, pero también muelles y otras estructuras.
“En el 1978 se había emitido un memorando de entendimiento que le daba un periodo de 12 años para que se fueran de allí y las estructuras que tenían algún tipo de tubería que pudiesen controlar sus descargas sanitarias podían estar durante esos 12 años para luego ser removidas”, indicó el senador.
“La corrupción en Puerto Rico lo que hizo fue que, cuando llegó ese término, sencillamente se inventaron un reglamento a través de la Junta de Planificación para el manejo de la reserva, dándole una perpetuidad a todas estas casas ilegales porque, aunque te ponen un plan de manejo, el plan de manejo era contrario a derecho, incluyendo a su propio memorando de entendimiento”, planteó.
