La gobernadora Jenniffer González Colón decretó un estado de emergencia por deslizamientos de terreno en las carreteras del país y ordenó que se exima del proceso de obtención de permisos a las obras de reparación.
Estas disposiciones están contenidas en la Orden Ejecutiva OE-2025-004, firmada el 2 de enero, “para declarar un estado de emergencia ante la condición crítica de la infraestructura vial y los deslizamientos ocurridos en diversas carreteras de Puerto Rico, así como para implementar medidas inmediatas enfocadas en la protección de la seguridad pública, la continuidad del tránsito y la conectividad vial”.
“Declaro un estado de emergencia en las áreas afectadas por deslizamientos de terreno en Puerto Rico que representan un peligro para la infraestructura vial, incluyendo, pero sin limitarse, a las carreteras y vías que han sido identificadas como críticas”, lee el estatuto.
Según la orden, se trata de los deslizamientos suscitados por causa de los huracanes Irma y María, eventos de lluvia posteriores y los terremotos de 2020.
La orden dispone que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) podrá incluir otras áreas afectadas por deslizamientos que requieran atención urgente para estabilización, reparación o mitigación. En una rueda de prensa ofrecida el viernes, la gobernadora mencionó que también se atenderán los deslizamientos ocurridos durante el paso del huracán Fiona.
La orden activa un proceso expedito que exime al DTOP, a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y a cualquier otra agencia del gobierno de Puerto Rico “de la obligación de solicitar, gestionar, radicar o cumplir con cualquier permiso, consulta, endoso, comentario, recomendación, certificación o trámite colateral ante cualquier agencia, relacionado con los proyectos identificados en virtud de esta Orden Ejecutiva”.
“Dicha exclusión será una total en cuanto a cualquier permiso o solicitud de permiso que sea requerido de ordinario e incluye, sin que se entienda como una limitación, aquellos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Esta exención incluye, pero no se limita, a los requisitos establecidos en leyes, reglamentos o procedimientos ordinarios de las agencias”, establece la orden.
El DRNA tiene el deber ministerial de garantizar que los proponentes de proyectos cumplan con las leyes ambientales, mientras el ICP viene obligado a proteger el patrimonio histórico y cultural del país. La orden no aborda cómo se garantizarán ambas cosas si estas agencias no podrán expresarse sobre los proyectos.
“Las acciones para la ejecución de estos proyectos podrán ser realizadas de manera inmediata, sin la necesidad de permisos previos ni de trámites administrativos adicionales, siempre que dichas acciones se lleven a cabo cumpliendo con estándares de seguridad mínimos y en cumplimiento con las demás normas aplicables a nivel estatal y federal. En esta encomienda, se priorizará la salud, vida, seguridad pública y el bienestar de todos los ciudadanos de Puerto Rico que transitan por las áreas afectadas”, estipula la orden.
También autoriza a la Administración de Servicios Generales, las agencias y los municipios a activar las compras de emergencia de materiales y servicios.
Asimismo, le ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda a identificar un presupuesto para hacer estas reparaciones.
En la conferencia del viernes, González Colón adelantó que “hemos identificado $18 millones para comenzar ese proceso de reparación de estas carreteras lo más pronto posible”.
Además, el secretario del DTOP y director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, informó que se propone atender 150 deslizamientos que estaban pendientes desde el paso del huracán Hugo en 1989.
