La Unión Americana de Libertades Civiles, Capítulo de Puerto Rico (ACLU-PR), emitió hoy una carta pública dirigida a la gobernadora electa, Jennifer González Colón, en la que la emplaza a enfrentar las políticas anti derechos del presidente electo Donald Trump.
La carta, firmada por su presidenta Annette M. Martínez Orabona, pide a la nueva administración adoptar políticas públicas solidarias y conscientes de la diversidad y los derechos humanos.
“Le recordamos que las y los residentes de nuestro país merecen una vida digna y el pleno respeto de sus derechos humanos. Confiamos en que su administración se guíe por una política pública sólida y consciente, que promueva las protecciones fundamentales de todas las personas que habitan en nuestro archipiélago”, expresó.
Asimismo, aseguró que contará con la colaboración efectiva de la ACLU-PR, para garantizar el respeto a la diversidad, la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia.
“No es un secreto que usted se ha expresado seguidora de Donald Trump y ha manifestado su apoyo a su plan de gobierno. Al respecto, la ACLU-PR expresa su enérgico rechazo a las políticas antiderechos anunciadas por el Presidente Trump y reafirma que no retrocederá en su defensa de un Puerto Rico libre de discrimen, abuso y violencia”, continuó.
“Exigimos que, en su rol de gobernadora, se enfrente a cualquier política anunciada por el Presidente Trump que pueda menoscabar los derechos humanos en Puerto Rico, en particular los de personas migrantes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, la niñez, así como defensores y defensoras del ambiente y de los derechos humanos”, añadió.
Martínez Orabona, concluyó su misiva indicando que “cualquier política que promueva la censura o atente contra sectores vulnerables enfrentará nuestra más firme oposición en todos los foros disponibles: en las calles, ante la Legislatura y en los tribunales”.
Con esta carta, la ACLU-PR subraya la importancia de que la nueva administración gubernamental promueva iniciativas y leyes que garanticen la protección de los derechos fundamentales de todas las personas en Puerto Rico, sin importar su género, raza, orientación sexual, identidad de género, origen nacional u otras condiciones.
