El Departamento de Justicia continuará su gestión de cobro contra la exrepresentante novoprogresista María Milagros Charbonier Laureano, convicta por corrupción en la esfera federal, del dinero público que se adjudicó con sus acciones.
Esto, luego de que el Tribunal de Apelaciones rechazara atender el recurso presentado por la exlegisladora y devolviera el caso al tribunal superior para su continuación.
En junio pasado, el Departamento de Justicia demandó a más de 30 convictos por corrupción para recobrar los fondos públicos y los daños que le ocasionaron al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias a las arcas gubernamentales.
Específicamente, presentó 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por una cuantía total que supera los $30 millones. Entre las personas demandadas se encontraba Charbonier Laureano, quien se declaró culpable ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por actos de corrupción.
Charbonier Laureano presentó una petición de desestimación basada, entre otros asuntos, en que la acción incoada por Justicia era prematura porque aún quedaban asuntos por adjudicar a nivel federal, razón por la cual no existía una sentencia final y firme.
Esta petición fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia, por lo que Charbonier Laureano acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión. Luego de evaluar el recurso presentado, el Tribunal de Apelaciones optó por no atender el caso.
Sin embargo, el secretario Domingo Emanuelli Hernández dijo que, como parte de su resolución, el foro apelativo enfatizó que las disposiciones del Código Anticorrupción eran claras y que una convicción federal no era “imprescindible” para que el Departamento de Justicia presentara la acción civil autorizada por el Código Anticorrupción.
Con esta determinación, el caso deberá continuar ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo que Charbonier Laureano presente una moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones o acuda al Tribunal Supremo en revisión.
“El Tribunal de Apelaciones emitió una determinación que confirma nuestros planteamientos ante el Tribunal de Primera Instancia de que la demanda que presentamos está madura para su adjudicación, de conformidad con las disposiciones del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. De esta manera, continuaremos con nuestros esfuerzos ante el Tribunal de Primera Instancia para recobrar los fondos públicos que nuestro Pueblo perdió mediante actos de corrupción”, explicó el funcionario en declaraciones escritas.
