Cancelar el contrato de la empresa LUMA Energy podría requerir nueva legislación, una investigación a fondo para evidenciar su incumplimiento y hasta una posible batalla en los tribunales, pero es viable.
Así lo expuso el exrepresentante e integrante del Comité de Transición, Jorge Colberg Toro, quien advirtió que LUMA tiene un contrato suplementario que no contempla métricas de incumplimiento, mientras que las fallas tendrían que evidenciarse por tres años consecutivos, por lo que el proceso podría ser complicado y escabroso.
“La manera más responsable para no exponer al país a una demanda, lo que ha planteado la gobernadora electa, tiene que crear una estructura que pueda ir haciendo, preparando, levantando toda la información, toda la evidencia para poder finalmente impugnar ese contrato”, dijo Colberg Toro en conferencia de prensa.
“¿Quién puede cambiar las funciones del Negociado de Energía o inclusive de la APP? La Asamblea Legislativa. Así que, en primera instancia, si va a cambiarse el ordenamiento legal, la Legislatura requeriría una ley. Ahora, la Legislatura no puede cancelar unilateralmente un contrato. Por lo tanto, estamos en una situación complicada porque las herramientas que el gobierno negoció para poder ejercer esa fiscalización están limitadas a lo que se negoció”, continuó.
Pese a ello, Colberg Toro indicó que si es la política pública de la gobernadora electa cancelar el contrato, el gobierno tiene las alternativas para hacerlo.
“Cuando un gobernador ordena cancelar un contrato, no ha habido empresa privada que pueda dejar sin efecto esa decisión. Y lo he conversado y ha pasado en varias administraciones”, sostuvo.
“Por supuesto que en ese proceso puede haber una negociación, pero además de la cancelación, si fuese una decisión de política pública, es que tienes que tener el plan B. Ok, se va a LUMA, ¿quién lo coge? ¿Estamos listos, cuánto nos tardamos? O sea, tienen que tener todas las piezas del rompecabezas. No podemos mirarlo meramente en una cancelación. Y eso es parte del proceso que también tenemos que ponderar y recomendar a la gobernadora”, expresó.
Por su parte el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, apuntó a la falta de fiscalización a LUMA como uno de los agravantes de la situación.
“Mientras tanto, si es un gobierno efectivo y eficiente, le tiene la bota encima, que es lo que se debió haber hecho desde el principio y nadie lo ha hecho. A preguntas de nuestras, de cómo supervisaban, cómo se aseguraban de las cosas, nadie sabía nada, nadie supervisa nada. Pues obviamente, pues tienes al contratista por la libre”, expuso.
“¿Y si mañana las cosas cambian y LUMA empieza a hacer las cosas correctamente y empieza a funcionar? Yo no lo sé no crucemos el puente, no hemos llegado a él todavía”, añadió.
Por su parte, el director de las Alianzas Publico Privadas, Fermín Fontanez Gómez, insistió que, a su juicio, es peor cancelar el contrato de LUMA Energy que mantenerlos como operadores del sistema de transmisión y distribución de energía.
“No es el costo monetario, el costo es de la paralización de la reconstrucción del sistema eléctrico. Nosotros estamos hablando de la transformación del sistema y eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que quiere todo Puerto Rico. Hacer una pausa en la reconstrucción nos cuesta todo, porque eso significa que no pasaría nada”, dijo Fontanez Gómez. “La paralización de la reconstrucción para mí no es una opción”.
Según Fontanez Gómez, la imagen que tenía Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica con las empresas privadas y con el gobierno federal no generaba confianza.
“Yo te puedo decir que yo corrí esta licitación, yo sé lo que el mercado piensa de Puerto Rico, de la Autoridad (de Energía Eléctrica), de la quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos una utilidad. Sé lo que está dispuesto el mercado a pagar. Ese costo no lo debemos de pasar al pueblo de Puerto Rico. Hay que empujar a LUMA a que mejore y por lo menos la política pública de nosotros fue empujar ejecución a seguir exigiendo que mejoraran”, dijo.
“Pero sí les puedo decir que el riesgo de paralizar la reconstrucción, el riesgo de que FEMA se quede al lado y diga ‘espérate, quiero ver qué va a pasar”, porque no podemos tapar el cielo con la mano”, continuó.
“Aquí los fondos FEMA no llegaron hasta que se puso a LUMA operando el sistema. Aquí había una incertidumbre de parte del gobierno federal de la administración anterior, que es la misma administración entrante, de cómo la Autoridad de Energía Eléctrica había manejado los fondos de emergencia durante Irma y María. Y eso crea una incertidumbre que se transmitió por todas las esferas federales y que era el contexto en ese momento cuando nosotros tomamos las decisiones, que los hechos de hoy no son los mismos de aquel momento, pero no podemos borrar la historia”, concluyó.
