La candidata a representante para el Distrito 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza, Eva Prados, presentó el lunes sus propuestas orientadas a combatir la corrupción y lograr mayor transparencia en el gobierno.
El anuncio se da en el marco del 4to aniversario de la histórica sentencia de la rama judicial en el caso Prados Rodríguez v. Rivera Schatz, que destapó los altos salarios de algunos en la Legislatura de Puerto Rico.
«El acceso a la información es fundamental para evitar la corrupción que nos está quitando millones en fondos públicos para atender las necesidades de nuestras comunidades. En los últimos cuatro años, aunque se han dado algunos avances, el acceso a la información sobre el uso de fondos públicos, incluyendo el pago de nómina, puestos de confianza y contratos, de nuestras ramas de gobierno sigue siendo muy limitado. La ciudadanía, periodistas e incluso la Junta de Control Fiscal han tenido que recurrir a los tribunales para obtener información que debería estar disponible pública y fácilmente», explicó.
Prados Rodríguez propuso legislar para que se ordene a riesgo de multas o penalidades la publicación centralizada de la nómina, los puestos de confianza y los contratos de todas las agencias, corporaciones públicas y ramas de gobierno en una sola plataforma bajo la Oficina del Contralor.
«Este sistema se basa en ejemplos de transparencia de otros estados de Estados Unidos, como Maine, donde la información se publica de manera accesible para todos los ciudadanos. El Senado de Puerto Rico, por ejemplo, aún no ha tomado medidas en esta dirección, y muchos gobiernos municipales también se niegan a publicar esta información, como se ha visto en los casos recientes de Cayey, Utuado, Villalba y Hormigueros», añadió.
Además, Prados Rodríguez propuso la creación de Salas Judiciales y Unidades Investigativas Especializadas en contra de la corrupción y la formación de jueces, policías y fiscales para el manejo adecuado de estos casos de crímenes económicos.
«La corrupción es un delito complejo que requiere peritaje especializado. Es imperativo que tengamos investigadores adiestrados y tribunales con las herramientas necesarias para procesar estos casos con celeridad y justicia», precisó.
Para garantizar que los casos de corrupción no queden impunes, también propuso la creación de una Unidad Especializada Anti-Corrupción dentro del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Departamento de Seguridad Pública. Esta unidad estaría formada por agentes especializados que recibirán y procesarán las querellas de corrupción.
Prados también expresó su apoyo a los delatores (whistleblowers), destacando la importancia de proteger a quienes denuncian irregularidades dentro del gobierno.
«Es esencial que se establezcan más protecciones y herramientas para quienes hacen público posibles esquemas de corrupción, apoyamos los proyectos de ley propuestos por organizaciones como Sembrando Sentido y Somos Más”.
«Los delatores necesitan canales confidenciales y protección frente a represalias. También debemos permitir que denuncien irregularidades directamente a periodistas y medios de comunicación, si las agencias no responden, «, puntualizó.
Prados Rodríguez destacó que según los informes de la Oficina de la Contralora se pierden más del 10 por ciento del fondo general o $1,240 millones al año de fondos públicos en la corrupción, por lo que es fundamental seguir luchando por un gobierno más transparente y comprometido con rendir cuentas.
«El derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional, y vamos a continuar buscando esta accesibilidad hasta que se garantice de manera efectiva en cada rincón del gobierno. Este cuarto aniversario del caso que destapó los sueldazos que Rivera Schatz quería mantener escondidos nos recuerda que la corrupción solo puede ser enfrentada con acciones concretas, con transparencia y con un compromiso inquebrantable con la justicia y el bienestar del país», concluyó.
