Al municipio le compete atender las querellas que vecinos sometieron contra el peligroso campo de tiro propuesto por la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) desde el 2021, revelaron líderes de la comunidad Ranchos Guayama de Salinas en una carta del Secretario Auxiliar de Permisos, Félix E. Rivera Torres.
El pasado 23 de mayo de 2024, portavoces de la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) sostuvieron una reunión clave con César Rodríguez, director del Consorcio del Sur, y José Collazo Machado, director del Consorcio en Salinas, para abordar tres querellas pendientes desde 2021.
“Tanto César Rodríguez como José Collazo reiteraron que el asunto de la construcción ilegal del campo de tiro era responsabilidad de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en San Juan. Tras esta afirmación, ASPA solicitó una reunión con el licenciado Félix Rivera Torres, secretario auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, quien aclaró que la jurisdicción corresponde al municipio de Salinas”, dijo José Cora Collazo, presidente de ASPA.
El pasado 4 de octubre los vecinos recibieron una carta de Rivera Rodríguez donde reitera que “surge del ordenamiento vigente que las querellas serán atendidas por los municipios autónomos, en el presente caso competencia del Municipio de Salinas”.
Según el líder comunitario, entre las querellas sometidas se destaca una denuncia del 2021 relacionada con la violación de un permiso simple de limpieza de corteza terrestre, emitido por el Consorcio del Sur con una orden de cese y desista.
“El proponente, Ariel Torres, presidente de CODEPOLA, violó ese permiso en varias ocasiones. La querella con número 2021-SRQ-007890 fue asignada al inspector Salinas, cuyo nombre completo se desconoce ya que solo se identifica como inspector Salinas en los informes y en la plataforma de permisos. ASPA envió un comunicado el 24 de mayo de 2023 a la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, y al director de OGPe en Salinas, José Collazo, donde se enumeraban las violaciones y se mencionaba la posibilidad de utilizar la Ley 161, Art. 14.1 en contra de CODEPOLA. Sin embargo, la respuesta de ambos fue que no tenían jurisdicción sobre el caso, cuando sí la tienen”, explicó José Cora.
Por su parte, Maridalys Nieves Rivera, también portavoz de ASPA, indicó que es evidente que la alcaldesa Karilyn Bonilla no ha mostrado apoyo a la comunidad de Ranchos Guayama.
“La alcaldesa de Salinas no ha mostrado apoyo a la comunidad ni ha tomado acciones para proteger el medio ambiente y la salud de los residentes de Salinas. A pesar de tener la capacidad de actuar contra Ariel Torres por las violaciones al permiso de limpieza, en tres años sólo ha argumentado no tener jurisdicción, lo que ahora ha sido refutado por la propia OGPe. Además, Karilyn Bonilla le ha dado la espalda a la comunidad una vez más, como ya lo hizo anteriormente con las cenizas tóxicas de AES. Aunque afirma estar con la comunidad de Ranchos Guayama, sus acciones van en contra de los intereses de la comunidad”, afirmó Maridalys Nieves .
La comunidad sigue insistiendo en que el municipio de Salinas y la alcaldesa Karilyn Bonilla deben hacer uso de la Ley 161, Art. 14.1 para hacer cumplir la ley y exigir que Ariel Torres, junto con Roberto Ramos, propietario de los terrenos en cuestión, paguen por las violaciones cometidas.
