El canal que recibe las aguas de lluvia que se recogen en las alcantarillas pluviales de las urbanizaciones La Fe y Extensión La Fe en Juana Díaz le pertenece a la Sucesión J. Serrallés Second (SJSS), por lo que le corresponde su mantenimiento.
Esta fue la conclusión del juez Carlos Gustavo González López al emitir una sentencia a favor del Municipio de Juana Díaz en su demanda contra SJSS y D.I.S. Inc.
Estas son corporaciones afiliadas que tienen como presidenta a Lyndda Torres Maldonado. La administración de Ramón Hernández Torres las demandó para que se encarguen de la limpieza y mantenimiento del canal, con el objetivo de evitar inundaciones que les provoquen pérdidas a las personas residentes en esas comunidades.
La sentencia, fechada el 24 de septiembre, establece que el canal fue construido en una finca perteneciente a SJSS. La construcción del canal y de los dos complejos de vivienda estuvo a cargo de D.I.S.
Según el documento judicial, entre 1999 y 2005, D.I.S. le cedió al Municipio de Juana Díaz las calles, encintados, aceras, alcantarillado pluvial y área recreativas de ambas urbanizaciones.
“El canal no fue parte de la cesión realizada entre D.I.S. y el Municipio, y el Municipio nunca ha otorgado una escritura en la que acepte la titularidad del canal”, lee la sentencia.
Las corporaciones alegaron que la antigua Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) -hoy Oficina de Gerencia de Permisos- dispuso que el canal le pertenecía al ayuntamiento, pero el juez concluyó que las demandadas no proveyeron “evidencia documental fehaciente” que lo pruebe.
La controversia inició el 28 de septiembre de 2022, 10 días después del paso del huracán Fiona por el suroeste de Puerto Rico. Ese ciclón dejó mucha lluvia en el sur del país y causó graves inundaciones en Juana Díaz.
Ese día, la alcaldía le pidió a SJSS que limpiara el canal para que las aguas discurrieran sin interrupciones hacia el Río Inabón. El 17 de octubre del mismo año, SJSS respondió al municipio que el canal no le pertenecía.
La demanda se presentó el 9 de mayo de 2023 y, luego de un intercambio de mociones, quedó sometida para resolución el 18 de julio de este año.
“Siempre hemos estado junto a los residentes de estas urbanizaciones reclamando que se atienda esta problemática que amenaza su seguridad y calidad de vida. Estamos convencidos de que hemos actuado conforme a la ley y a los mejores intereses y reclamos de estos residentes”, señaló Hernández Torres en declaraciones escritas.
