Para que se les integre como parte defensora del programa de medición neta en la demanda presentada por la Junta de Control Fiscal que amenaza con hacer cambios drásticos a la ley vigente, las organizaciones Sierra Club Puerto Rico y Solar United Neighbors (SUN) radicaron una solicitud a la corte federal.
“El pasado 26 de julio, la Junta de Control Fiscal presentó una demanda para impugnar la Ley 10-2024, argumentando que contradice el plan fiscal certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Le estamos solicitando al Tribunal que nos deje intervenir a favor de mantener la ley como está para que se puedan escuchar las voces de las comunidades”, explicó Hernaliz Vázquez, directora del Capítulo de Sierra Club Puerto Rico.
“En el Sierra Club Puerto Rico, consideramos esencial proteger esta ley, ya que garantiza créditos justos de medición neta para los dueños de sistemas solares hasta el 2030”, añadió.
Vázquez insistió en que es de conocimiento público que la intención de la junta es eliminar todo aquello que propicie una transición energética justa en Puerto Rico.
“Por tal razón, insistimos en que se nos permita defender el espíritu y la intención de la ley, ley que fue propulsada desde nuestra organización y que contó con el aval de la Legislatura y el gobernador Pedro Pierluisi”, puntualizó.
Vázquez aclaró además que la Ley 10 no usurpa poderes al Negociado de Energía, ya que la ley no limita la capacidad del negociado para realizar estudios o evaluaciones; simplemente aplaza el análisis del programa de medición neta para un momento más adecuado.
Por su parte, David Ortiz, director de SUN detalló que estudios realizados concluyen que si hay una reducción significativa en la compensación a las personas que producen energía en sus casas o negocios redundaría en una pérdida económica para el país.
“Permitir que haya cambios en la manera en que se compensa a quienes producen energía en sus techos, podría impactar a muchas comunidades, acabaría con cientos de empleos, e impediría que miles de personas accedan a la energía solar, la resiliencia y el ahorro en energía local”, destacó.
Ortiz recalcó que actualmente existen cerca de 120 mil interconexiones, lo que representa cerca del 7 por ciento de los clientes de la red eléctrica, cifra que pudiera mermar si se reduce el crédito otorgado por la medición neta.
“La participación de tantos grupos comunitarios demuestra lo importante que es la medición neta para las comunidades vulnerables. A pesar de lo que dice la Junta sobre el beneficio de medición neta, está claro que la medición neta nos beneficia a todos y sin el programa la red no puede cumplir con la demanda diaria”, añadió Ortiz.
De igual forma, Widalys Meléndez, directora ejecutiva del Centro Buen Pastor en Guaynabo relató el impacto que tendría el reducir el crédito a las personas que participan del programa de medición neta.
“Nuestro Centro de Resiliencia en el Centro de Buen Pastor ayuda a nuestra comunidad inmediata y a comunidades aledañas. Hacerle un cambio al programa de medición neta nos quitaría recursos necesarios para las comunidades más vulnerables durante un evento climático”, precisó.
Los grupos esperan que se proteja la intención de la ley particularmente en esta coyuntura que se vive por los apagones diarios, fluctuaciones de voltaje, pérdidas de vida y propiedad.
El programa de medición neta permite que los dueños de sistemas solares reciban un crédito a la tarifa actual por la energía que producen, pero no usan al instante. Ese exceso de energía llega a la red y luego es consumida por la comunidad.
