Ante la propuesta de la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, de establecer una nueva entidad que fiscalice a LUMA Energy, el presidente del consorcio, Juan Saca contestó que ellos se adaptarán a la política pública que se establezca.
“En todo país existe una política pública y yo he trabajado en seis países y esa política pública, nos guste o nos guste, nosotros tenemos que seguirla. Hoy día esa política pública es que está el Negociado de Energía, está la Junta de Fiscal y las P3A (las Alianzas Publico Privadas) y nosotros tenemos una relación específica con cada uno de ellos. Si el gobierno de Puerto Rico decide tener un ZAR de energía, pues vamos a trabajar con ese ZAR de energía a cumplir lo que sea”, dijo Saca en conferencia de prensa.
“Vamos a trabajar con quien sea que la política pública de Puerto Rico decida. Nosotros no entramos en eso, simplemente nos acoplamos a lo que venga”, añadió.
En declaraciones escritas, González Colón mencionó que “Siempre he dicho que la alternativa es que el secretario de Justicia, como abogado del pueblo de Puerto Rico investigue el cumplimiento de las cláusulas del contrato y que contemos con alternativas de contratación. Quitar de golpe y porrazo el contrato, sin una alternativa a LUMA y sin haberla fiscalizado sería una gran irresponsabilidad fiscal con consecuencias nefastas para la calidad de vida en la isla y la economía”.
“Yo sentaría a todas las partes en la mesa y supervisaría el servicio directo, nombrando un Zar de Energía con un comité que ponga supervisión y fiscalización al servicio”, propuso la candidata a la gobernación.
Por su parte, el 9 de junio, el candidato a representante del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, sostuvo que “voy a estar radicando en enero de 2025, la creación mediante ley, del Departamento de Energía de Puerto Rico con el mandato de supervisar y hacer cumplir los contratos de APP de LUMA y Genera PR.
De igual forma, adelantó que consolidará en una misma entidad pública las funciones ejecutivas en materia energética que hoy se encuentran distribuidas entre varias agencias del gobierno de Puerto Rico.
