Una medida que amplía el marco de responsabilidad que se impone a familiares por el abandono de adultos mayores en instituciones médico-hospitalarias fue convertida en ley este jueves.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estampó su firma en el Proyecto del Senado 1085, que enmienda la Ley de la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores.
La exposición de motivos del proyecto señala un incremento en Puerto Rico en la cantidad de adultos mayores abandonados por sus familiares en hospitales tras recibir el alta médica.
La nueva definición de ‘abandono’ establece que este es una “modalidad de maltrato que ocurre cuando un familiar, tutor legal o persona responsable de una persona adulta mayor para su atención, cuidado o asistencia lo deje o deserte en cualquier lugar con el propósito de desampararle, o cuando como resultado del acto de abandono se ponga en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona adulta mayor”.
En el proceso de admisión, las instituciones médico-hospitalarias deben registrar información de contacto del familiar, tutor o persona a cargo de buscar a la persona adulta mayor.
Además, estas instituciones tienen el deber de querellarse ante el Negociado de la Policía, tras agotar todos los medios a su alcance, cuando una persona adulta mayor ha sido abandonada, y notificar al Departamento de la Familia, evidenciando las gestiones realizadas antes de que se activen los protocolos.
La ley obliga a las instituciones gubernamentales a procesar a los familiares que incumplen con sus responsabilidades de cuidado y obliga al familiar responsable del adulto mayor a restituir al gobierno por los gastos incurridos con fondos públicos para el cuido y manutención del adulto mayor tras el alta médica.
También se ordena un mecanismo de notificación al Departamento de Justicia para alertarlos sobre la posible comisión del delito de abandono de personas de edad avanzada e incapacitados.
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción será responsable de ubicar a las personas adultas mayores con condiciones crónicas de salud mental en establecimientos de cuidado sustituto debidamente licenciados.
