La Unidad de Control de Fraude al Medicaid (PR-MFCU, en inglés) del Departamento de Justicia presentó este martes cargos contra una mujer de 49 años, imputada de cometer un esquema de fraude y explotación financiera contra cinco adultos mayores, mientras se desempeñaba como trabajadora social en un centro geriátrico administrado por el municipio de Manatí.
La fiscal Kristia Díaz Pérez formuló 36 cargos contra Olguely Rosario Pérez que incluyen fraude, maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, explotación financiera a personas de edad avanzada y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Conforme a la investigación, la imputada logró apropiarse mediante el esquema ilegal de sobre $28 mil pertenecientes a cinco adultos mayores.
Desde el 2019 hasta el 2023, mientras Rosario Pérez fungía como trabajadora social del Centro Geriátrico Virgilio Ramos Casellas, utilizaba las tarjetas de débito de las cuentas personales de los perjudicados para realizar compras no autorizadas y retiros de dinero en efectivo de instituciones bancarias y cooperativas.
Además, se apropió de los fondos que recibían los adultos mayores como beneficios provenientes del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
El proceso investigativo estuvo a liderado por la agente del Departamento de Justicia, Rosalía Berenguer Zurita, adscrita a la MFCU, en colaboración con el agente Carlos M. Villalobos, adscrito a la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía.
El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto en todos los cargos y le fijó a la imputada una fianza global de $279 mil.
La defensa de Rosario Pérez se allanó a la determinación del Tribunal. La vista preliminar fue señalada para el próximo 2 de julio.
