Las querellas por robos de catalíticos se redujeron a la mitad el año pasado, según datos compartidos por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) en una vista este jueves ante la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes.
A la audiencia pública compareció Wandaliz Maldonado de la Oficina de Asuntos Legales del DSP y María Lizardi, presidenta de la Asociación de Centros de Reciclaje de Metales de Puerto Rico.
‘’Hemos evidenciado una disminución en la apropiación ilegal de convertidores de catalíticos en Puerto Rico con una baja de un 50 por ciento durante el 2023 en comparación con el 2022”, indicó Maldonado.
Según datos provistos por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) en el 2022, se recibieron 2,099 querellas sobre apropiación ilegal de catalíticos, siendo las áreas de mayor incidencia en Bayamón, San Juan y Carolina.
En el 2023, se recibieron 1,091 querellas y en lo que va del 2024, el NPPR ha recibido 154 querellas, reportándose en Bayamón, San Juan y Caguas como áreas de mayor incidencia.
‘’Las acciones tomadas por el NPPR y las autoridades federales han surtido efecto. La merma en casos de hurto de convertidores de catalíticos es evidente’’, añadió Maldonado.
Por otro lado, Lizardi dijo que la compra de catalíticos bajo los parámetros de ley no es ilegal. Hay todo un andamiaje de seguridad procedencia e identificación que realiza un centro de acopio de metales legales para asegurar la legitimidad de la adquisición y posterior venta.
‘’La problemática del hurto de catalíticos se debe atender impulsando legislación que facilite el procesamiento criminal de quienes están involucrados en esta actividad y aplicando las penalidades ya establecidas en la Ley de Metales de Puerto Rico”, insistió.
Asimismo, Lizardi dijo que el NPPR se ve sustancialmente impedida de intervenir o investigar con inmediatez en negocios que operan de forma ilegal, ya que para hacerlo necesitan tener órdenes del tribunal. ‘’Es necesaria la asignación de recursos investigativos, económicos e inteligencia forense a la Policía de Puerto Rico, es necesaria para prevenir los hurtos en vez de reaccionar a estos’’.
