El Departamento de Justicia (DJ), la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) se opusieron el miércoles en vistas públicas a un proyecto que propone crear una ley para erradicar el monopolio de las aseguradoras médicas en el país.
Se trata del Proyecto del Senado 1270 que busca crear la Ley para impedir el control de las aseguradoras sobre el sistema de salud en Puerto Rico con el fin de declarar la industria de salud y los seguros médicos como una revestida de alto interés público.
Además, prohibir que las aseguradoras, ya sea a través de la propia compañía, empresa subsidiaria, agente, accionista, socio, agente por comisión, o bajo cualquier puesto directivo, administrativo u oficiales, tengan intereses económicos sobre los proveedores de servicios de salud.
El DJ y la directora de la ASES, Roxanna Rosario Serrano, no avalan el proyecto en discusión según está redactado. De igual forma, la OCS no recomienda la aprobación de la medida, puesto que “entendemos que el asunto que plantea este proyecto podría ser regulado mediante otros mecanismos de legislación que permitan crear un balance entre un mejor acceso a la salud y la estructura corporativa de organizaciones”.
A preguntas del senador José Vargas Vidot sobre la cantidad de querellas sobre asuntos de salud, el representante de Justicia, Guarionex Díaz Martínez, indicó que tienen “muchas querellas sobre asuntos de salud”, pero no tiene un número específico para indicar el total. Ante este planteamiento, el también senador independiente solicitó el número de querellas para continuar con la evaluación de la medida desde la comisión.
Del mismo modo, la directora de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), Iraelia Pernas, indicó que tampoco avala el proyecto, puesto que la OCS tiene el poder de velar porque la industria de seguros no incurra en prácticas desleales o limitantes de una libre competencia.
“Mencionar alegadas ganancias que ha generado la industria o los alegados dividendos pagados a accionistas de algunas compañías por sí solo, no puede utilizarse para determinar que existe situación de actos dirigidos a restringir el comercio en menoscabo de competencia justa y actos dirigidos a intentar monopolizar y controlar el sistema de salud en Puerto Rico”, sostuvo Pernas.
Desde otra perspectiva, tanto el Colegio de Médicos Cirujanos como la Asociación de Laboratorios Clínicos endosaron el proyecto sin enmiendas.
“Cuando las aseguradoras también son proveedores de servicios de salud, pueden existir incentivos para limitar las opciones de atención médica a aquellas que son propiedad de o están afiliadas con la aseguradora”, dijo Carlos Díaz Vélez, presidente de la institución. “Esto restringe la libertad del paciente para elegir a sus proveedores de atención médica, basándose en la calidad, la conveniencia o la especialización, limitando potencialmente su acceso a la mejor atención posible”.
“Debo añadir que no vamos para ningún buen sitio en los conglomerados. Los conglomerados monopolíticos han aumentado los costos, disminuido el acceso, y han hecho de la salud un desastre”, recalcó Vargas Vidot, quien añadió que cuando se habla de fiscalización no se puede generalizar hasta que no se vean los indicadores que se utilizan para definir que estas situaciones discutidas estén funcionando.
Los senadores Rafael Bernabe Riefkohl y la senadora María de Lourdes Santiago Negrón participaron de los trabajos de la comisión.
