Las admisiones de los testigos expertos de la Junta de Control Fiscal (JCF) que desfilaron la semana pasada en el juicio de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico confirman una verdad incómoda, pero predecible:
Los fondos otorgados por FEMA tras los huracanes Irma y María son insuficientes para llevar a cabo la reconstrucción necesaria de la infraestructura eléctrica de la isla.
Sin esa reconstrucción, el sistema eléctrico no podrá llegar a una normalidad básica, según estándares de la industria y, por tanto, seguirá vulnerable a fenómenos atmosféricos de poca envergadura y nos mantendría sufriendo las consecuencias de un servicio deficiente y poco confiable.
Esto, a su vez, tendría un impacto en las posibilidades de que Puerto Rico tenga crecimiento económico y, por tanto, que pueda cumplir con los requerimientos de deuda de los planes de ajuste confirmados, particularmente el del gobierno central de Puerto Rico.
Lo peor es que la JCF tomó la decisión consciente de utilizar los fondos de los aumentos a la tarifa propuestos para pagarle a los bonistas, en vez de utilizarlos para completar la reconstrucción y modernización de la AEE. Así lo expresó sin pudor la Junta en la página 142 del Plan Fiscal de la AEE para el 2023.
Para colmo, estos testimonios de la JCF subrayan que el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE no contempla el dinero suficiente para reparar el sistema eléctrico en la eventualidad de otro huracán.
Estos testimonios escandalosos constituyen un punto crítico en la discusión sobre la viabilidad económica y la sostenibilidad de la isla en el futuro.
El reconocimiento de esta insuficiencia financiera no solo pone de relieve las fallas en el Plan de Ajuste de la Deuda propuesto, sino que también plantea preguntas escalofriantes sobre la preparación de Puerto Rico frente a desastres naturales, una realidad omnipresente debido a su ubicación geográfica.
La decisión de priorizar el pago a acreedores no asegurados sobre la reconstrucción y modernización de la infraestructura crítica es una apuesta arriesgada que podría tener consecuencias devastadoras.
Por su parte, el testimonio de expertos de los opositores de Puerto Rico al plan de ajuste como Tom Sanzillo, Ramón Cao y José Israel Alameda pintan un panorama sombrío: un plan de ajuste de deuda que, en su forma actual, no solo falla en atender las necesidades básicas de infraestructura, sino que también amenaza con asfixiar económicamente a la isla mediante el aumento continuo de tarifas eléctricas.
Esta estrategia de la JCF, lejos de ser una solución financiera, parece ser una receta para el desastre, preparando el escenario para una crisis más profunda en caso de un evento climático adverso.
La ausencia de un plan viable para la reconstrucción y la falta de un presupuesto equilibrado evidencian una gestión deficiente y una falta de visión a largo plazo por parte de cada uno de los integrantes de la Junta.
La apuesta de que no ocurran huracanes, como sugirió en su testimonio el presidente de la JCF, David Skeel, es un ejemplo alarmante de la negligencia y la falta de seriedad con que se están manejando asuntos de vital importancia para el futuro de Puerto Rico.
Más allá de las implicaciones inmediatas para la AEE y los residentes de Puerto Rico, esta situación resalta una problemática más amplia sobre el manejo de la deuda pública y la sostenibilidad financiera.
Los expertos advierten que el impacto del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE podría tener repercusiones significativas en la economía general de la isla, limitando el crecimiento económico y reduciendo aún más la capacidad de Puerto Rico para enfrentar futuros desafíos.
La situación actual exige un replanteamiento crítico de las estrategias de gestión de deuda y reconstrucción. Es imperativo desarrollar un plan que no solo sea viable desde una perspectiva financiera, sino que también priorice la resiliencia y sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura crítica de Puerto Rico.
La dependencia de la energía renovable y la modernización de la red eléctrica deben ser componentes centrales de cualquier estrategia futura, no solo como medidas de mitigación frente al cambio climático, sino también como pilares fundamentales para asegurar el bienestar económico y social de la isla.
Puerto Rico se encuentra en una encrucijada crítica y las decisiones que se tomen ahora determinarán su capacidad para navegar los desafíos futuros.
Es hora de que los responsables de la toma de decisiones adopten un enfoque más holístico y centrado en el futuro, uno que priorice la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar a largo plazo de todos los puertorriqueños.
PREPA should be liquidated, it was created in the 1930’s by the appointed governor responsible for the Ponce massacre. Previously there were two private companies. PREPA is unnecessary, private companies can run the power system just fine with the government as regulator.