Un hombre de 25 años, residente de Jayuya, fue acusado de explotación infantil por parte de un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico.
Según documentos judiciales, desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2023, Ángel Alexis Vázquez Sánchez explotó sexualmente a cuatro menores de edad diferentes, de entre 12 y 16 años, con la intención de que las menores realizaran actividades sexuales y obtuvieran imágenes sexualmente explícitas de ellas.
Vázquez Sánchez enfrenta cuatro cargos de coerción e incitación a una menor por supuestamente usar un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea y redes sociales para participar en actividades sexuales y conductas sexualmente explícitas con cuatro menores diferentes.
Asimismo, enfrenta cuatro cargos de explotación sexual de niños por participar en conductas sexualmente explícitas con el fin de producir representaciones visuales de dicha conducta; y dos cargos de transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva.
“Una vez más hacemos un llamado a todos los ciudadanos: si ven algo, díganlo”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.
“La investigación está en curso y necesitamos que el público se presente y sea parte de la solución”, indicó Joseph González, Agente Especial a Cargo del FBI San Juan. “Si usted ha sido víctima de este tema o conoce a alguien que pudo haberlo sido, llame al 787-987-6500. El Equipo de Delitos contra Niños y Trata de Personas del FBI en San Juan trabaja las 24 horas del día para detectar, localizar y arrestar a depredadores sexuales”, añadió.
El acusado tiene programada su comparecencia inicial ante el tribunal hoy ante el juez federal Marshal Morgan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Si es declarado culpable de los cargos de coerción, incitación y transporte de menores para participar en conductas sexuales ilícitas, el acusado se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de diez años a cadena perpetua, y por producción de pornografía infantil se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de quince años hasta 30 años; todos los cargos seguidos de un período de libertad supervisada de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El FBI está investigando el caso. La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) brindó asistencia significativa durante la investigación en curso.
La fiscal federal adjunta (AUSA), Jenifer Hernández-Vega, jefa de la Unidad de Inmigración y Explotación Infantil, está procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
