El protocolo de manejo para la disposición de planteles cerrados y abandonados ha resultado poco efectivo y hoy día es una problemática de salud y seguridad para las comunidades que viven cerca de estos planteles, aseguró el director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), Luis Gallardo Rivera.
“Es preocupante, porque alguien en algún momento erróneamente multiplicó la cantidad de escuelas cerradas por los millones que supuestamente el gobierno iba recaudar en medio de la crisis fiscal y al final no hubo ni ahorros, ni recaudos”, denunció Gallardo Rivera. “Actualmente, la prioridad al momento de disponer de una escuela es venderla al mayor precio posible, por eso mismo es que siguen la gran mayoría en un estado de abandono”.
El funcionario fue enfático en decir que la responsabilidad de la disposición de las escuelas no es del Departamento de Educación, sino del Comité para la Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), compuesto por los secretarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
“La velocidad y eficiencia de parte del Comité ha mejorado durante los pasados años, pero todavía están atados a una política pública que resalta la maximización de ingresos”, señaló.
Aunque el Art. 5.07 de la Ley Núm. 26-2017, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal indica, que se utilizará como base ‘el justo valor en el mercado’ al momento de disponerse de una propiedad, también dice que la Rama Ejecutiva salvaguardará ‘siempre el interés y bienestar público’.
“Además, el Art. 13(d) del Reglamento del CEDBI expone que no se requerirá como condición indispensable para la aprobación de una venta directa un precio igual al justo valor en el mercado, pero en la práctica se da prioridad al tema financiero y no a asuntos de importancia como la seguridad pública y la calidad de vida”, explicó Gallardo Rivera.
Asimismo, destacó que en la actualidad está bajo consideración de la Cámara de Representantes el Proyecto del Senado 1084, que busca priorizar actividades como la vivienda asequible y usos comunitarios al momento de disponer de una escuela. Además, el proyecto requiere la identificación de un nuevo uso antes de cerrar futuras escuelas.
“Te puedo dar como ejemplo la escuela Horace Mann de Cataño, donde nosotros sometimos en el 2022 una petición formal para utilizarla como una oficina, además de un centro de servicios. Sin embargo, el CEDBI determinó vender la escuela mediante subasta con una licitación mínima de $500 mil. El problema es que grupos comunitarios y sin fines de lucro como el nuestro, jamás podremos competir con desarrolladores grandes o inversionistas millonarios”, expuso.
“Luego de una solicitud de acceso de información y examinar los expedientes, el CEDBI tuvo que descartar la subasta dos veces por falta de licitadores elegibles. Al día de hoy, la escuela se encuentra en total abandono y sabemos muy bien que, si dejas una escuela abandonada por años, se presta para vandalismos, acumulación de escombros y problemas de salud para la comunidad”, reiteró.
