Las organizaciones del Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública reclamaron a la Legislatura acción urgente para que se declare una moratoria contra el establecimiento o expansión de escuelas chárter en Puerto Rico que privatizan fondos del gobierno que entienden deberían estar destinados a fortalecer las escuelas públicas del país.
“En el 2023 a las escuelas chárter, que son instituciones privadas, les asignaron un presupuesto de $40 millones en fondos públicos que deberían estar asignados a nuestras escuelas públicas. Exigimos que se apruebe ya la moratoria para que se detenga el establecimiento y la expansión de las llamadas Escuelas Alianza, en realidad escuelas chárter privadas”, planteó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros.
Martínez y portavoces del Junte entregaron hoy a los legisladores una carta en la que se apoya la aprobación de la Resolución conjunta del Senado 424 que se radicó el 26 de mayo de 2023 para “declarar una moratoria de cinco años, durante la cual se prohíbe al Departamento de Educación Pública aprobar el establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza y para otros fines relacionados”.
En la carta se argumenta que a través del modelo de Escuelas Alianza las entidades etiquetadas como «sin fines de lucro» tienen la oportunidad de beneficiarse de los fondos públicos, privatizando los bienes públicos y aumentando posibles actos de malversación de fondos y corrupción dentro de la agencia.
El 30 de mayo de 2023 la medida del RC del S 424 fue referida a la Comisión de Educación del Senado, luego el 1 de septiembre sometieron un Informe Positivo recomendando su aprobación y al presente la resolución se encuentra en la Comisión de Reglas y Calendario presidida por el Senador Juan Aponte Dalmau, quien se comprometió a calendarizar para su votación en el hemiciclo, pero esto aún no ha sucedido.
Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de padres y estudiantes de educación especial, planteó la urgencia de aprobar esa RC del S 424 porque las escuelas chárter discriminan contra el estudiantado con diversidad funcional.
“La ley 85 del 2018 establece que el Departamento de Educación es responsable de atender las necesidades únicas de cada estudiante, incluyendo a los participantes del programa de educación especial. Las escuelas chárter de ninguna manera atienden las necesidades de los estudiantes de nuestra población”, indicó Warren.
Emilio Nieves, secretario de organización de UNETE señaló que en los pasados dos años se han reportado más de tres escándalos relacionados a escuelas chárter en Puerto Rico, los cuales han sido incluidos en la página web del Network for Public Education junto a más de mil reportajes de escándalos de escuelas chárter en Estados Unidos.
En octubre de 2022, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) fue ordenado a cancelar el contrato que autorizaba la creación de la chárter South Bronx Central, luego de que una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) revelara que uno de sus incorporadores había sido convicto por malversación de fondos en Estados Unidos.
Cabe destacar que, al momento de la cancelación del contrato, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEBDI), adscrito a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), ya le había cedido en alquiler la Escuela Jesús María Quiñones de Santurce, escuela pública que había sido cerrada en 2017.
Este año académico en curso 2023-24, otro escándalo mostró las deficiencias del proceso de aprobación de escuelas chárter en el DEPR. La autorización de dos escuelas chárter de la corporación Paradiso College Preparatory Real Estate Two, inc. una en San Juan y otra en Arecibo fue el eje de la controversia. Una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó el cierre de la escuela chárter en dicho municipio, por no contar con permiso de uso.
Hace unos días, otra investigación del CPI reveló que en el año fiscal 2023 las 12 escuelas chárter en Puerto Rico recibieron un presupuesto que superó los $40 millones de fondos públicos, pero el uso de estos no ha sido fiscalizado. Según la investigación del CPI, la escuela chárter LEAP Steam + E Academy recibió entre 2021 y 2024 un total de $9,324,761.2. Sin embargo, su fundadora indicó que no ha habido evaluaciones por parte de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA), sólo una visita informal de monitoría.
Martínez destacó que esa investigación del CPI concluye que, aunque el DE tiene la responsabilidad de fiscalizar el buen uso de los fondos aprobados para las 12 escuelas chárter que operan en Puerto Rico, no cuenta con informes ni estadísticas sobre su desempeño. La OEPA tiene la obligación de rendir un informe anual sobre la calidad educativa de cada una de las escuelas chárter, pero tal documentación no está disponible. La investigación del CPI incluso revela que la agencia no tiene informes periódicos ni herramientas eficaces que corroboren la ejecución de cada escuela.
“De no detenerse este avance de las Escuelas Alianza, el negocio de las chárter estaría prevaleciendo sobre la razón de ser del DEPR que es proveer un sistema educativo de calidad gratuito para todos los estudiantes de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que el DEPR, a sabiendas de toda esta información haya aprobado la operación de esta entidad que se cree va por encima de las leyes del país? Razones sobran para aprobar la moratoria del establecimiento de escuelas chárter en Puerto Rico o su expansión. Solicitamos a nuestros legisladores su voto a favor de la RCS 424”, concluyó Martínez.
