La Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) rechazó que limitar derechos constitucionales y civiles, como la fianza, sea el camino para atender la crisis de violencia de género que arropa al país y que ha dejado cuatro feminicidios en lo que va de año.
La SAL ofrece servicios de orientación, asesoría y representación legal a las personas indigentes de manera gratuita.
“[…] la SAL rechaza contundentemente el llamado a atacar los derechos constitucionales y civiles de todas las personas que tanto trabajo ha costado defender para controlar las medidas represivas del Estado como solución al problema de la criminalidad”, estableció la entidad en declaraciones escritas.
“El reciclaje de reclamos de estas medidas fracasadas tales como, la restricción de derechos, por ejemplo, a la fianza, a la presunción de inocencia y el establecimiento de castigos desproporcionados a los delitos constituye una solución simplista a un problema complejo que hay que entenderlo y atenderlo con inmediatez para aspirar a resultados que no redunden en más pérdidas de vidas de las mujeres”, abundó.
Las expresiones de la SAL surgen luego del asesinato de Linnette Morales Vázquez, de 30 años; su hermano Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años; y la madre de ambos, Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años, en el barrio Caimito de Yauco.
Wilfredo H. Santiago Figueroa, expareja de Morales Vázquez y quien tenía una orden de protección que le impedía acercársele, mató a la familia y luego se suicidó, el mismo día en que se suspendió la vista preliminar en su contra por un cargo de maltrato psicológico cometido contra la madre de dos hijos.
Santiago Figueroa debía tener grillete electrónico, pero dos jueces no se lo impusieron y dos fiscales tampoco lo solicitaron a tiempo.
Este caso ha provocado que se presente legislación para hacer obligatoria la imposición del grillete electrónico contra una persona que viole cualquiera de los artículos de la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. También ha generado voces a favor de que se impongan fianzas más altas en estos casos.
La fianza es una cantidad de dinero que se deposita en el tribunal para garantizar la comparecencia de la persona acusada al proceso judicial.
Hay que educar
En lugar de quitar derechos, la SAL afirmó que debe implementarse una estrategia de educación y abordar el problema con perspectiva de género.
“Urge educar para erradicar la raíz de esta violencia como lo son el machismo y el patriarcado institucionalizado, que promueven la inequidad de género entre mujeres y hombres teniendo como resultado un desbalance de poder entre estos, y siendo las mujeres las que han estado en una posición de gran vulnerabilidad”, expuso.
“Urge establecer la perspectiva de género de manera inmediata e interconectada entre las agencias gubernamentales estatales y municipales, el sector privado, en conjunto con entidades comunitarias para brindar apoyo no solo en momentos puntales a las personas víctimas de violencia de género, si no más aún, atender las desigualdades sociales y económicas”, continuó.
La SAL añadió que “es importante que se desarrollen programas de prevención desde la niñez, así como que se brinden los recursos necesarios a las entidades comunitarias a estos fines”.
