Una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) identificó incumplimientos significativos en las operaciones fiscales del Gobierno Municipal de Santa Isabel, informó la agencia.
La OCPR emitió una opinión cualificada, el cual apunta a incumplimientos individuales o en conjunto significativos, pero no generalizados. Este primer informe de Santa Isabel, cubre el periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2021.
El Informe revela que el ayuntamiento no celebró subasta pública para adquirir gasolina y diésel en el año fiscal 2020-21. En su lugar, se emitieron 17 órdenes de compra por $170,792 a un proveedor. Esta situación impidió la libre competencia.
Por otro lado, la OCPR señaló que los directores de Finanzas en funciones procesaron pagos con múltiples deficiencias como por ejemplo; el emitir órdenes de compra sin la firma del alcalde, ni de la directora de Finanzas, y hasta 54 días después de recibir el servicio de despacho de gasolina.
Además, se tramitaron 14 comprobantes de desembolsos por $84,141, sin las firmas autorizadas, ni certificadas. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-19-43 del 9 de junio de 2019.
La auditoría de 12 hallazgos señala que, al 30 de junio de 2021, el Municipio adeudaba $2,344,955 a las siguientes entidades: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a la Administración de los Sistemas de Retiro, LUMA Energy, Departamento de Hacienda, Servicio de Rentas Internas Federales y a la Administración de Servicios Generales. En particular, la deuda con DTRH incremetó $267,733 de forma innecesaria, por intereses y recargos.
Esta situación tiene el efecto de que se afectaron los recursos debidos a las referidas entidades, entre otros.
Los auditores detectaron que para el periodo eleccionario de 2020, se desembolsaron y obligaron $117,912 en exceso del 50 por ciento del presupuesto permitido. Esta situación contraria al Código Municipal de 2020, redujo los fondos del segundo semestre de la nueva administración.
Según informó la OCPR, a la fecha de septiembre de 2021, los directores de Finanzas en funciones no habían preparado las conciliaciones bancarias de las cuentas Corriente y Nóminas, ni el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos. La directora interina de Finanzas tampoco había registrado en el sistema de contabilidad, gastos aprobados por la Legislatura Municipal.
Asimismo, el informe destaca que el Municipio no mantuvo un control adecuado del proceso de recaudaciones del Santa Isabel Medical Center ni del Hotel Hacienda Santa Isabel. Según la OCPR, no se mantenía un inventario perpetuo de los recibos manuales en blanco, no registraron la fecha de siete libretas de recibos, y las recaudaciones se depositaban hasta un mes después del recaudo, entre otras deficiencias.
Los pacientes que acudían al Centro Médico que no podían pagar el deducible, se les concedía un compromiso de pago. Sin embargo, el Municipio no había establecido un reglamento al respecto y no pudo ofrecer a los auditores, información sobre los compromisos otorgados y pagados.
El Informe indica que el entonces alcalde no remitió a la Legislatura Municipal, los nombramientos de los miembros de la Junta de Subastas para su confirmación. Además, la secretaria de la Junta no gestionó la encuadernación de las actas de los años fiscales, desde el 2019 al 2021, contrario a la reglamentación municipal vigente.
Otros hallazgos revelan que el entonces alcalde no había realizado el nombramiento oficial a la pagadora especial designada para administrar el fondo de la caja menuda, el encargado de la propiedad no realizó el inventario físico anual de la propiedad mueble del 2017 al 2020, y al 15 de junio de 2021 no se mantenía un inventario perpetuo de los suministros médico-quirúrgicos, entre otros materiales.
Los auditores evaluaron que no existe un control adecuado de los documentos públicos cuya condición propicia la pérdida, deterioro, o destrucción de los documentos importantes y de valor. El área designada tenia comején, filtraciones en el techo y los documentos no se encontraban organizados. (Ver fotos en el Anejo 1)
Contrario a la regulación vigente, la OCPR destacó que el contrato para realizar la auditoría de los estados financieros del 2020, se otorgó un año después de la fecha establecida. Esta auditoría a su vez se entregó al Municipio nueve meses más tarde de la fecha que dispone la reglamentación federal. Esta situación le impide al Municipio el tener información actualizada sobre la situación financiera y evaluar el resultado de sus operaciones.
Al 4 de mayo de 2021, el Municipio no había remitido a la Oficina del Contralor, 34 informes mensuales de nóminas y puestos desde junio de 2018 a marzo de 2021. Estos atrasos de hasta más de dos años, según la OCPR, priva al Gobierno y a los ciudadanos de información actualizada.
El Informe comenta que Santa Isabel tiene un déficit operacional de $5,138,810, el 49 por ciento de su presupuesto total de $10,527,726 para el 2019; y de $4,550,499, el 43 por ciento de su presupuesto total de $10,661,367. Además, al 30 de junio de 2021, no había recobrado $348,025 indicados en los hallazgos de cinco informes de auditoría desde el 2009.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Santa Isabel cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
El presupuesto del Fondo General del Municipio ascendió de $10,125,158 para el 2018, $10,527,726 para el 2019, $10,661,367 para el 2020 y $11,089,633 para el 2021. Los estados financieros auditados reflejaron déficits acumulados en el Fondo General de $6,824,806 en el año fiscal de 2018, $5,138,810 en el 2019 y $4,550,499 en el 2020.
Este primer informe de Santa Isabel, cubre el periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
