Sin consultar ni notificar a los residentes de la comunidad Ranchos Guayama, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, presentó al gobierno una propuesta para que el proyecto de mejoras a las carreteras de esta urbanización incluya las cenizas tóxicas de carbón que se remuevan de las mismas vías y que desde el año 2006 revisten esos caminos.
Toneladas de estas cenizas, generadas por la carbonera AES Puerto Rico (AESPR), fueron empleadas por el exalcalde Carlos Rodríguez Mateo como base para la reconstrucción de calles en esta comunidad salinense. A partir de entonces, el uso y deterioro de esos caminos ha dejado el polvo gris expuesto al sol y sereno, migrando hasta el interior de viviendas con ayuda de la brisa y a canales de escorrentías con cada episodio de lluvia.
Más de un análisis químico ha identificado concentraciones peligrosas de arsénico, cromo, litio, molibdeno, selenio y talio en las cenizas de AESPR, elementos que el cuerpo puede acumular con efectos nocivos a la salud. Además, estudios pagados por la misma empresa han confirmado que sus cenizas han contaminado aguas subterráneas con concentraciones elevadas -y no permitidas- de arsénico, litio, selenio y molibdeno.
Más en el tintero
En su “Solicitud para proyecto mejorado” radicada el pasado mes de junio, Bonilla Colón estipula además que “el material sobrante” de las cenizas que se remuevan de las vías de Ranchos Guayama se almacene “de forma temporera” en zonas de la comunidad, lo que constituye una violación a la Ley 5 del 2020 y el Reglamento para el Manejo de los Residuos de la Combustión del Carbón aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Ambos prohíben el depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico, incluyendo vertederos y terrenos.
Aunque en su solicitud la alcaldesa plantea que las cenizas de carbón -a las que denomina “agregado base”- se almacenarán “de forma temporera” en la zona, y que se contendrán con “liners plásticos impermeables” y “pacas de heno para evitar la contaminación de escorrentías”, no precisa cuándo se removerán, ni su destino final.
No obstante, en la misma “Solicitud para proyecto mejorado” sometida al director ejecutivo de la Oficina de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3), Manuel Laboy Rivera, Bonilla Colón reconoce que para su administración ha sido imposible “obtener fondos adicionales para disponer del material sobrante fuera de Puerto Rico”.
“Ante el fracaso de la alcaldesa de hacerle justicia a nuestra gente y exportar esa basura tóxica fuera de nuestras calles y del país, su idea ahora es hacer varios vertederos dentro de la propia comunidad y depositar allí materiales sobrantes del proceso”, ripostó en declaraciones escritas José Cora Collazo, vecino de la comunidad y presidente de la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).
“Esta acción es un disparate. ¿Por qué nada de esto se informó a la comunidad con anterioridad?”, cuestionó además.
Entretanto, Víctor Alvarado Guzmán, cofundador del Comité Diálogo Ambiental en Salinas, advirtió que si se cumple esta “propuesta descabellada” de la alcaldesa, el panorama para los vecinos de Ranchos Guayama “pudiera ser peor”.
“La comunidad podría tener cenizas tóxicas en las calles y en otras zonas”, puntualizó.
Por otro lado, la ubicación exacta de los depósitos ilegales que propone Bonilla Colón es aún desconocida.
Aunque en su misiva a Laboy Rivera la ejecutiva municipal plantea que “la localización exacta de estas zonas y todos los elementos que la componen, están incluidos en el plano de proyecto”, La Perla del Sur tuvo acceso al documento final de 113 páginas. Del mismo no se desprende alusión alguna a ese tópico.
Con este hallazgo coincidió José Díaz Pérez, uno de los portavoces del Comité Contra las Cenizas de Carbón en Peñuelas, quien también cuenta con 25 años de experiencia en la industria de la construcción e inspección de proyectos.
“En la evaluación preliminar de los planos, no denota el área ni el detalle de cómo se van a realizar esas áreas donde se pretende depositar el material sobrante que contiene cenizas tóxicas”, comentó.
“Me parece que esos depósitos no cumplen con la ley ni el reglamento sobre el manejo de las cenizas”, continuó. “Hay que ver la posición del DRNA. Además, la infraestructura que se crea en esos depósitos da la impresión de que es para algo más permanente de lo que se dice. Nuevamente, la alcaldesa tiene mucho que explicar y aclarar”.
Vea la “Solicitud para proyecto mejorado” AQUÍ
