La Cámara de Representantes mandará a hacer un análisis del impacto fiscal que tendría la eliminación del impuesto sobre los productos derivados del petróleo aprobado en el 2015, conocido como la “crudita 2”.
El estudio será elaborado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), anunció ayer el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara baja, Jesús Santa Rodríguez.
Esta medida se tomó como parte del análisis que deberá realizar la Cámara sobre varios proyectos de ley que proponen la eliminación de ese y otros impuestos similares aprobados previamente.
Estos son el Proyecto de la Cámara 1903, la Resolución Conjunta de la Cámara 576 y el Proyecto del Senado 776.
“De un análisis de estos tres proyectos, concluimos que es necesario ser más específicos sobre qué impuestos serán eliminados, pues hay distintos tipos de “crudita”, y si su reducción o eliminación pudiera ser parcial”, señaló Santa Rodríguez en declaraciones escritas.
Según los cálculos de ese cuerpo legislativo, la “crudita 2” produjo $127 millones en el año fiscal 2021 y $123 millones en el 2022.
La totalidad de los impuestos propuestos para eliminarse dejarían un hueco mayor en el presupuesto del país, advirtió. Si no se identifica una fuente de ingresos que los sustituya, la Junta de Control Fiscal (JCF) no permitiría su eliminación.
“La propuesta del Senado, específicamente, busca eliminar todos estos impuestos y arbitrios, lo que tendría un impacto negativo de mil millones de dólares al año. Sabemos que esto no cumple con lo estatuido en la ley PROMESA, y la Junta no le dará paso”, apuntó el legislador.
Santa Rodríguez insistió en que ninguno de los proyectos cumple con los parámetros de la JCF, por lo que resulta necesario medir el impacto fiscal y buscar alternativas para poder lograr el objetivo de las medidas legislativas, que es darle un alivio al bolsillo de la población puertorriqueña.
“En la Cámara estamos evaluando todos los proyectos, como siempre lo hacemos, de la manera más responsable posible, no solo para buscar opciones y lograr una reducción en el gasto de la gente”, aseveró el representante. “No es ‘legislar por legislar’, sino aprobar medidas que reúnan los criterios estatutarios para ser defendidas ante la Junta, y prevalecer”.
Santa Rodríguez anticipó que, una vez la OPAL emita su informe, la Cámara estaría en posición de proponer un proyecto sustitutivo para continuar la discusión legislativa.
