La capacidad de la gran mayoría de los países latinoamericanos para combatir la corrupción sigue en picada, siendo Guatemala y Venezuela los que más deterioro han experimentado como reflejo del frágil estado de la democracia y falta de voluntad política.
La quinta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado anualmente por el Consejo de las Américas y Control Risks, reveló por primera vez una disminución del promedio regional, con retrocesos en 10 de los 15 países clasificados.
El CCC es una herramienta analítica que permite evaluar la capacidad de los países de la región para detectar, castigar y detener la corrupción. Se considera que los países con más puntuación son los que tienen más probabilidad de enjuiciar y sancionar a los actores corruptos. La impunidad es más probable en los países ubicados en el extremo inferior de la clasificación.
La escala de puntuación va del 10, para el mejor conceptuado, al cero para el que menos capacidad tiene. En la región, Uruguay y Venezuela están en los extremos, como el mejor y peor, pero sin llegar a la puntuación máxima de cada caso.
“El deterioro en la capacidad de controlar la corrupción tiene implicaciones graves para la calidad de la democracia y las perspectivas económicas”, expresó Theodore Kahn, director asociado de Control Risks. “Socava la confianza en las instituciones, lo cual favorece propuestas populistas y polarizadoras” y debilita la confianza de inversionistas, explicó el experto a Prensa Asociada.
En la edición 2023 del CCC, Uruguay encabeza la lista como el país mejor capacitado para combatir la corrupción, con un puntaje de 6.99; seguido por Costa Rica, con 6.76; y Chile, con 6.67. Entre los países con menor puntación aparecen Guatemala, con 2.86 puntos; Bolivia, con 2.56; y Venezuela, con 1.46.
De los 15 países, Guatemala y Venezuela experimentaron las caídas más significativas en sus puntajes en el último año, del 15 por ciento y 10.4 por ciento respectivamente. Panamá, en cambio, registró una mejora sustancial del 9 por ciento en términos interanuales, a 5.39 puntos.
“El índice muestra lo que muchos de nosotros hemos sentido: los esfuerzos anticorrupción están perdiendo impulso en muchos países de América Latina, aunque el tema sigue siendo una prioridad para los votantes”, dijo Brian Winter, vicepresidente de políticas del Consejo de las Américas.
Winter explicó que como se trata de una erosión lenta, y no repentina, hay esperanzas de que la tendencia pueda revertirse en el mediano plazo.
Publicado por primera vez en 2019, el índice analiza 14 variables clave, entre ellas, la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y la cantidad de recursos destinados a combatir la corrupción.
En Guatemala, el descenso “es el resultado del frágil estado de la democracia y la falta de voluntad política para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo Valeria Vásquez, analista de la consultora que realizó el estudio.
El país cayó del puesto decimotercero de la lista del CCC al decimocuarto este año, con descensos pronunciados en los rubros de capacidad jurídica (20 por ciento) y democracia e instituciones políticas (16 por ciento).
Bajo la presidencia de Alejandro Giammattei, el Ministerio Público ha seguido un patrón de persecución judicial y detenciones, incluyendo jueces, periodistas y fiscales. Estados Unidos ha señalado a la fiscal general guatemalteca por “corrupción significativa” e incluyó al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en los actores corruptos.
En el caso de Venezuela, que ocupa el último lugar de la región por quinto año consecutivo, el oficialismo controla la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y otras instituciones públicas, que responden a las directrices del gobierno de Nicolás Maduro.
La variable del índice que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó en el país un 18 por ciento y la que evalúa la calidad de la prensa, un 15 por ciento, un reflejo de las amenazas a la libertad de prensa y a las libertades civiles por parte del gobierno de Maduro, de acuerdo con el reporte.
La baja puntuación de Venezuela en el índice es reflejo del proceso de deterioro institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país y que ha permitido al partido oficialista cooptar o eliminar casi todos los controles y contrapesos existentes en un sistema democrático.
“No existe una división de poderes sana que permita controlar y castigar” hechos de corrupción, expresó Kahn. “Esta situación facilita la impunidad para ciertos miembros de la élite política”, dijo.
Junto con Guatemala, México es el otro país cuya puntuación anual ha bajado año tras año.
