La Comisión senatorial de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, que preside la senadora Ana Irma Rivera Lassén, llevó a cabo una vista pública con base en la Resolución del Senado 209 para indagar sobre situaciones que están ocurriendo en varias comunidades de distintos municipios, sus implicaciones, así como el impacto ambiental a los recursos naturales.
“En esta vista yo creo que estamos viendo precisamente la conciencia comunitaria que se está levantando en cuanto a la exigencia que le están haciendo al gobierno de que tome en consideración la confiabilidad de la vida misma en Puerto Rico que incluye el respeto y defensa a los recursos naturales, respeto a las tierras agrícolas, el acceso a las playas y la defensa de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y sostenibilidad de nuestra vida en Puerto Rico. Sin eso no tenemos futuro”, dijo la senadora Rivera Lassén.
Kathia Avilés Vázquez, del Proyecto Arqueológico El Josco Bravo, explicó que durante el huracán Fiona, la carretera PR-861 en el Municipio de Toa Alta, vía en jurisdicción de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), sufrió deslizamientos que mantienen cerrado este acceso.
“El Municipio y empresas subcontratadas, sin consultar a la ciudadanía y sin haber realizado una notificación previa, entraron a los terrenos del Valle Bucarabones con maquinaria y equipo pesado, causando daños al terreno y a siembras”, dijo la deponente. A la vez, mencionó que se oponen a los trabajos de construcción de una carretera que atravesaría diagonalmente el Valle Bucarabones.
Además, Avilés solicitó a la ACT y al Municipio de Toa Alta reparar los daños causados con maquinaria pesada removiendo corteza terrestre, derribando árboles e impactando la cuenca de varias quebradas y el propio Río Bucarabones. La senadora preguntó cuál sería la sostenibilidad alimentaria de cultivar completo el valle. La deponente contestó que alrededor de 250 mil personas de varios municipios podrían tener seguridad alimentaria con la producción eficiente del valle.
A preguntas de la senadora, Avilés indicó que al momento el alcalde sigue defendiendo la necesidad de esta vía alterna. Sin embargo, Samuel Acosta del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) dijo que “ante la consideración del departamento no hay permisos solicitados, ni en consideración ni aprobados para el área de Bucarabones”.
De otra parte, participó como deponente Carmen Rosado, en representación de Cayey Para el Mundo, quien manifestó que “vengo motivada por mi oposición y la de cientos de mis vecinos a la construcción del conector/salida de la autopista PR-52 que el Municipio de Cayey insiste en imponer contra la voluntad y el bienestar de la población del Barrio Las Vegas”.
En la misma línea, manifestó que es “completamente falso que nos haga falta este conector para aliviar la congestión de tránsito de la PR-1 y en la PR-743. Resido al lado de la PR-743 y es falso el argumento del municipio que alega que existan problemas para acceder la autopista PR-52 en nuestro barrio rural”.
La senadora preguntó a la deponente si los planes del conector siguen adelante. Rosado respondió que sí. Dijo que el año pasado tuvieron una vista de consulta de ubicación y se encuentran en la fase 1 de pruebas arqueológicas.
En su turno, el senador independiente, José Vargas Vidot, preguntó si hay algún intento de la municipalidad para seguir insistiendo en el proceso del conector. Rosado respondió que en Cayey se está viendo un total cambio en el casco urbano y lo quieren llevar a la zona rural, pero no ven la inseguridad que eso llevará a largo plazo. Dijo no entender por qué tanto desarrollo de edificaciones y centros comerciales, pero no se desarrolla el ecoturismo de la misma forma.
“No hay interés de preservar espacios verdes”, añadió Rosado.
Por su parte, Acosta -del DRNA- dijo que al momento no tienen permisos presentados o en consideración para la construcción de un conector.
También acudió a deponer, el director ejecutivo de la organización Defendamos La Cueva del Indio, Lauce Colón. “Acudo para hacerle ver a esta Comisión y al país los problemas en la Cueva del Indio por la privatización del acceso, la destrucción y explotación de áreas protegidas y la inacción administrativa por las agencias pertinentes y para solicitar de esta Comisión que tome cursos de acción específicos”.
Añadió que la Cueva del Indio es un tesoro nacional reconocido como un patrimonio natural y cultural por su valor histórico, ambiental y arqueológico que, por ley, tiene que ser protegido.
Entre las denuncias presentadas por Colón, mencionó que entre los terrenos de GF National Properties se encuentra el camino que generaciones de isloteños han usado para llegar a la Cueva del Indio desde la carretera PR-681. “Este camino fue designado por un deslinde realizado por la Oficina de Recursos, Ríos y Costas del DRNA en 1974 que corrobora el camino histórico titulado «Entrada a la Cueva del Indio». Sin embargo, no hay acceso para la Cueva del Indio”.
A preguntas de la senadora sobre el cobro de acceso si es por propiedad privada o por servidumbre de paso. Colón respondió que depende del día la empresa va a dar una respuesta diferente. “Se dice que están cobrando por estacionamiento, serían $10 por persona, pero no tienen los permisos para eso…Esto está pasando los siete días a la semana”, dijo Colón. El deponente añadió a preguntas de la senadora, que la Cueva del Indio tiene alrededor de 200 petroglifos que están a merced de que puedan ser dañados.
En su turno, la senadora del Partido Nuevo Progresista, Migdalia Padilla, dijo entender que en la Cueva del Indio la investigación debe ser más profunda. Mencionó que “al parecer se está lucrando gente…ustedes reclaman sentido de pertenencia para poderlo preservar… Aquí hay jefes de agencias que tienen que contestar y ofrecer alternativas”, dijo la senadora, quien catalogó la situación como preocupante.
Por su parte, el portavoz del DRNA reconoció que tienen unos problemas en el área y explicó que nunca se compraron los predios de acceso terrestre a la Cueva del Indio. “Eso ha creado un problema y se han hecho múltiples gestiones para conseguir los fondos y poder tener el control de toda el área y una permanencia constante del DRNA”, dijo el deponente. Además, reconoció que hay unas querellas que se le están dando el proceso legal.
