Representantes de diversos sectores y expertos en materias legales, energéticas y financieras, unieron fuerzas el martes, para oponerse a los nuevos aumentos en las tarifas eléctricas en Puerto Rico y solicitaron a la Junta de Control Fiscal que se reduzca más el pago a los bonistas del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Puerto Rico no puede costear las tarifas de luz propuestas en el plan actual”, dijo Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos en conferencia de prensa.
La declaración fue respaldada por más de veinte organizaciones, como la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, la Liga de Cooperativas, el Sierra Club de Puerto Rico, entre otros. Además de líderes religiosos y economistas reconocidos.
“La tarifa promedio en el último año ha sido por encima de 28 centavos, más del doble del promedio en los Estados Unidos”, comentó el doctor Ramón Barquín, presidente-electo del Centro Unido de Detallistas.
El plan propuesto pretende imponer tres nuevos cargos en la tarifa por los próximos 35 años o más, lo que podría provocar el cierre de más de doce mil pequeñas empresas, despidos y migración, poniendo en riesgo la recuperación económica de la isla.
Lizzette Gabriel Montalvo, Obispa Metodista, insistió en que el plan se presenta en uno de los peores momentos históricos de Puerto Rico. Afirmó que imponer un cargo tan elevado dañaría gravemente la economía y podría llevar a la quiebra del sistema eléctrico.
Los firmantes propusieron que cualquier plan futuro debería priorizar y garantizar los recursos capitales y operacionales para lograr un sistema eléctrico estable, confiable y resiliente.
Manuel Quilichini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, instó a los ciudadanos y comerciantes a expresar cómo estos aumentos podrían afectarles negativamente. Además, se proporcionará asistencia legal pro-bono para presentar objeciones al Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE antes del 12 de junio.
Verónica Santiago, del ICSE, recordó que esfuerzos multisectoriales como este lograron derrotar el primer acuerdo propuesto para reestructurar la deuda de la AEE en 2015. “Ese logro nos debe motivar a continuar el crecimiento del apoyo multisectorial para abogar tanto en la corte, como en el gobierno federal y local, a favor del mejor interés público”, concluyó Santiago.
