Aunque desde el año pasado el gobierno central y municipal han asegurado que los bienes y la administración del Puerto de Las Américas (PLA) se transferirán antes de diciembre a la Autoridad del Puerto de Ponce (APP), todavía no existe fecha concreta para ello.
La Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce (Ley 240) dispone que ese traspaso debe ocurrir al 31 de diciembre del 2023, pero la administración del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia le prometió al ayuntamiento que lo haría antes.
Bajo ese entendido, el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, dijo en septiembre pasado que estimaba que el proceso acabaría en abril de este año, mientras que el titular del Departamento Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, comunicó a este medio en noviembre de 2022 que “si no es abril es junio” y que quería finiquitarlo “lo antes posible”.
Aun así, junio llegó y el proceso no ha culminado.
En una entrevista con La Perla del Sur este jueves, Cidre Miranda dio a entender que lo que resta es el trámite administrativo.
“Ya, prácticamente, todos los edificios de Comercio y Exportación pasaron a la Autoridad del Puerto de Ponce. Las rentas las recibe el puerto”, indicó previo a la conferencia de prensa donde se anunció la extensión de las operaciones de la empresa CooperVision a la antigua planta de Roche Diagnostics en Ponce.
“Ya el puerto de Ponce ocupó el 100 por ciento del control de los mismos”, añadió el funcionario.
Las propiedades transferidas pertenecen al PLA, la Administración de Terrenos, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (Pridco), la Corporación de Comercio y Exportación, y el municipio, según dispone la Ley 240.
Al preguntarle cuándo culminará la transferencia administrativa que sacaría al gobierno central de la toma de decisiones sobre el PLA, lo que dejaría al ayuntamiento con pleno control de la instalación, Cidre Miranda apuntó ahora al último trimestre del año.
“El señor gobernador (Pedro Pierluisi Urrutia) ha sido muy enfático en que quiere adelantar ese proceso. Yo pienso que no va a llegar a diciembre, creo que se va a hacer antes”, aseveró el secretario del DDEC.
“Se están tomando todas las medidas en la junta, de la cual soy parte, así que no veo razón por la cual en algún momento dado de septiembre u octubre ese proceso se complete”, prosiguió.
La Ley 240 le cedió a la APP la coordinación y supervisión del financiamiento, la operación, el mantenimiento y la administración del PLA, así como la reglamentación de sus actividades.
La APP, que sustituyó a la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce, se concibió como una corporación adscrita al municipio, pero con personalidad jurídica separada e independiente.
Para hacerse cargo totalmente de la Junta de Directores de la APP, la alcaldía de Ponce debe aprobar una ordenanza municipal. Esto permitirá que el secretario del DDEC, como representante del estado, salga de la junta y que el alcalde nombre a sus integrantes, según vayan venciendo los términos de los incumbentes.
También le corresponde a la APP buscar a un operador para el puerto.
Según dijo Cidre a este medio el año pasado, cuando finalmente este trámite haya concluido y tenga un operador, las opciones del PLA se limitarán a funcionar como un puerto de carga.
“El puerto de valor agregado pudiera ser una alternativa, pero aquel puerto de trasbordo que soñamos (para buques) post-panamax con rutas hacia el mundo entero, lamentablemente, por la falta de continuidad y la política partidista, mira dónde estamos”, manifestó entonces.
El PLA tiene dos grúas post-panamax que se compraron en el 2010 a un costo de $22 millones y nunca han cumplido su propósito. El año pasado se repararon a un costo de $2 millones con fondos federales asociados al desastre del huracán María.
“UNJÚ”…