Las demandas del Gobierno Municipal de Guayanilla y un grupo de vecinos para intentar detener la construcción de una torre de telecomunicaciones en el sector San Germán del barrio Indios fueron consolidadas.
El juez superior Hamed Santaella Carlo, del Tribunal de Ponce, unió los casos y dejó citada para el 7 de junio la vista de injunction en la que escuchará los argumentos de los demandantes y la empresa Elite Towers, proponente de la torre.
Cabe señalar que las obras están detenidas desde el 10 de mayo luego de que el alcalde Raúl Rivera Rodríguez le comunicara a Elite Towers que no podía continuar los trabajos que realizaba a toda prisa por no haber pagado los arbitrios de construcción y la patente municipal.
A la demanda del ayuntamiento, presentada en abril, se unió como parte interventora el representante José Rivera Madera, el pasado 9 de mayo.
Ese mismo día, los residentes Waldo Muñiz Irizarry, José Alfredo Rodríguez Morales y Elizabeth Ortiz Orengo presentaron una demanda a través del licenciado Jaime Bermúdez Pellicier, de la oficina de Ponce de Servicios Legales de Puerto Rico.
Los vecinos le solicitaron al tribunal que expidiera una orden de entredicho provisional para detener la construcción de inmediato y una orden de interdicto estatutario.
En su argumentación, el licenciado Bermúdez Pellicier indicó que el dueño del terreno donde se construye la torre, al lado de la carretera PR-335, es Augusto Palmer Arrache. Además, expuso que los demandantes no autorizaron la construcción de la torre mediante declaraciones juradas, por lo que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) no debía otorgar el permiso y Elite Towers no podía recibirlo.
“La parte demandante en ningún momento firmó o ha firmado una declaración jurada donde consienta que se construya una torre de telecomunicaciones en un terreno colindante, donde el dueño de este y la compañía son diferentes, como dispone la Ley 8-2000 sura, en su artículo 5(a)”, lee la demanda.
Asimismo, Bermúdez Pellicier señaló que el terreno es un humedal, por lo que se supone que no proceda allí una construcción de este tipo.
Por otro lado, detalló que el permiso de construcción otorgado a Elite Towers establece que en esa zona no hay un área de recreación para niños, a pesar de que la cancha de baloncesto Aleína Ramírez ubica al frente, a una distancia aproximada de 60 pies.
Bermúdez Pellicier también resaltó que la carretera PR-335 está a 60 o 70 pies de distancia y es la única vía de acceso a la comunidad y de desalojo en caso de emergencia; y que el camino vecinal que conduce hacia las residencias queda a 30 o 40 pies de la torre.
La torre, puntualizó el abogado, deberá guardar 130 pies (su altura) más el 10 por ciento de distancia de la residencia más cercana, según la Junta de Planificación.
Al solicitar la expedición de la orden de entredicho provisional y una orden de interdicto estatutario, Bermúdez Pellicier afirmó que Elite Towers “obtuvo un permiso sin las autorizaciones y requisitos pertinentes, lo que convierte el permiso otorgado uno contrario a la ley y el derecho”.
La demanda de los vecinos se presentó contra Luis Fernando Ortiz Mercado, presidente de Elite Towers; el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en representación de la OGPe, la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y el Municipio de Guayanilla.
Juez falla en contra
El miércoles, 10 de mayo, el juez Jorge Rivera Rivera le refirió el caso al juez Hamed Santaella Carlo para que lo consolidara con la demanda del Municipio de Guayanilla.
Santaella Carlo así lo hizo. Además, declaró no ha lugar la solicitud de entredicho provisional e interdicto estatutario de los residentes y dejó citada la vista de injunction para el 7 de junio.
La semana próxima, el 16 de mayo, el licenciado Bermúdez Pellicier presentó una moción de reconsideración y el mismo día el juez Santaella Carlo la declaró no ha lugar.
El pasado miércoles, 17 de mayo, Bermúdez Pellicier sometió una demanda enmendada.
“La intención de los aquí demandados, de violar la reglamentación y legislación aplicable, pone en riesgo el bienestar y las necesidades de las personas que residen en la comunidad aledaña al lugar donde se pretende construir esta torre de telecomunicaciones”, establece el recurso legal, que insiste en la urgencia de que se decrete la paralización de las obras para que la controversia no se torne académica.
Siempre el gobierno defendiendo a los que violan la ley, sabiendo el juez que la información para obtener los permisos es falsa ,hay que meter a la cárcel al ingeniero que dió información falsa y el de la oficina de gerencia y permisos que lo otorgó