El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló el jueves en contra del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en su búsqueda de documentos de la Junta de Control Fiscal (JCF).
En una votación de 8-1, los jueces revocaron un fallo de la corte de apelaciones a favor del CPI, que ha reportado extensamente sobre la crisis fiscal y la reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
EL CPI busca obtener una variedad de documentos, incluyendo comunicaciones entre los miembros de la junta y funcionarios estadounidenses y puertorriqueños.
La junta alega que es parte del gobierno de Puerto Rico y por ello, goza de la misma protección ante demandas federales que el gobierno.
La Corte Federal de Apelaciones del 1er Circuito con sede en Boston, la cual incluye a Puerto Rico, dictaminó que la ley de 2016, conocida como PROMESA, eliminó la inmunidad de las demandas y permitió que procedieran los reclamos del grupo de reporteros.
Escribiendo por la corte, la jueza Elena Kagan dijo que el Congreso tiene que hablar claramente sobre este tema y señaló que no hay nada en PROMESA que diga “que el Congreso privó a la junta de inmunidad soberana”.
El juez Clarence Thomas disintió.
Lourdes Rosado, presidenta del grupo de defensa de los derechos civiles LatinoJustice PRLDEF, dijo en un comunicado que la decisión de la corte “permite que este organismo antidemocrático continúe ocultando información vital sobre sus decisiones y acciones que afectan la economía de Puerto Rico y la vida de millones de personas”.
