La Comisión de Derechos Civiles (CDC) investiga cuatro querellas por discriminación por orientación sexual, identidad de género y motivaciones religiosas contra el Municipio de Ponce.
Esto tras las expresiones discriminatorias de la esposa del alcalde Luis Irizarry Pabón, Miyady Velázquez Pagán, quien el pasado mes de febrero dijo públicamente que las personas homosexuales están “confundidas”. Además, las querellas tienen que ver con acciones discriminatorias que se atribuyen a Velázquez Pagán por sus creencias religiosas cristianas.
Aunque la investigación no ha finalizado, la CDC concluyó preliminarmente que el Gobierno Municipal de Ponce tiene políticas públicas de no discrimen que están desactualizadas y que presuntamente no se ponen en vigor.
Asimismo, la CDC confirmó que los empleados y las empleadas municipales no han recibido este cuatrienio los adiestramientos compulsorios sobre educación dirigida a erradicar el discrimen, señaló el director ejecutivo de la dependencia, Ever Padilla Ruiz.
Luego de que trascendieran las expresiones de Velázquez Pagán, la CDC recibió tres querellas.
Padilla Ruiz precisó que dos de esas querellas corresponden a discrimen por orientación sexual y otra por discrimen por identidad de género. El CDC, por iniciativa propia, presentó una cuarta querella por discriminación por motivaciones religiosas.
“Nos llama la atención y nos preocupan mucho las alegaciones. Todavía estamos coordinando entrevistas con las personas que hicieron las querellas para poder completar la investigación y hacer una publicación completa sobre los hallazgos”, adelantó Padilla Ruiz en entrevista con La Perla del Sur.
El informe será publicado en la página web de la CDC y también se enviará a diversos funcionarios del ayuntamiento y de las tres ramas del gobierno central.
“Nosotros remitimos copia del informe a la Asamblea Municipal, a la oficina del alcalde y a la oficina de la primera dama, a la oficina del gobernador, a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y hacemos recomendaciones”, enumeró.
“Y dentro de las recomendaciones nos ponemos a la orden para el ofrecimiento de los adiestramientos, de manera que no haya barreras que limiten. Les ofrecemos todos los adiestramientos, libre de costo”, agregó.
De otro lado, el abogado planteó que si se determina que el ayuntamiento de Ponce ha incumplido leyes federales relacionadas a conductas discriminatorias, será referido al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
“En este caso, sí estamos en comunicación con las autoridades federales, porque, de nosotros poder concluir con evidencia que se han violentado las leyes federales, se refieren al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y se emite una copia a la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos”, sostuvo.
Pidieron información detallada
Padilla Ruiz explicó que la CDC presentó su propia querella, porque tiene la facultad en ley para hacerlo.
“A nosotros nos alarmó la situación difundida en todos los medios, particularmente, sobre las expresiones y los actos por parte de la primera dama que, a nuestro juicio, preliminarmente, podemos decir que van contra nuestro ordenamiento jurídico”, expresó el funcionario.
“Esto porque son asuntos discriminatorios fundamentados en principios y en creencias religiosas por personas que ejercen funciones públicas. Y eso claramente está estipulado en la Constitución de Puerto Rico, en la cláusula de separación de iglesia y estado”, abundó.
La CDC le comunicó a la alcaldía que había iniciado una investigación y le hizo cuatro requerimientos de información.
A la oficina del alcalde se le pidieron datos sobre las políticas existentes de no discrimen y los adiestramientos que están obligados a ofrecer para cumplir con la Ley 22 de 2013, conocida como la Ley para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género.
Entretanto, a la Asamblea Municipal de Ponce solicitaron información sobre el funcionamiento de la oficina de la primera dama, su presupuesto y los programas de base de fe que se consolidaron bajo esa estructura.
Asimismo, se le pidió explicar “qué acciones, si alguna, estaban tomando en relación a lo que había circulado públicamente y cuál había sido su plan de reacción para asegurar el ejercicio pleno de las personas que viven en el municipio de Ponce”.
Por otra parte, a la oficina de Velázquez Pagán se le requirió información sobre su estructura, empleados y funciones, y su presunta intervención para impedir que el cantante homosexual José Alfredo se presentara en un espectáculo en las escalinatas del Teatro La Perla.
“También hicimos un cuestionamiento con relación al Departamento de Arte y Cultura, con relación a la obra de arte que estaba en el vestíbulo del Municipio de Ponce, sobre dónde había sido ubicada y por qué razón había sido trasladada”, señaló.
La obra en cuestión es El alma de nuestro pueblo, del artista Alfredo Bauzá, que Velázquez Pagán presuntamente ordenó se removiera por considerarla pagana.
Hallazgos preliminares
Padilla Ruiz dijo que el ayuntamiento entregó la información el 30 de marzo, la fecha límite que le había otorgado la CDC.
Entre los hallazgos se encuentra que las políticas públicas de no discrimen “no están actualizadas y parecería ser que no están puestas en vigor”.
“Una de las cosas que nos llama la atención es que no han sido atemperados a nuestro ordenamiento jurídico, porque ha habido cambios significativos en la legislación federal. Todavía no he terminado ese análisis, pero la realidad es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto casos recientes relacionados con el tema de las garantías fundamentales”, planteó.
“Estamos en el análisis, porque hemos requerido información a otras áreas, no al municipio nada más, para validar que en efecto ellos son recipientes de fondos federales y que tienen que cumplir con las garantías, por ejemplo, del Programa Head Start y Child Care, donde se han dado instrucciones específicas por parte del gobierno de los Estados Unidos para el cumplimiento de políticas basadas en la equidad de género”, continuó.
Con relación a los adiestramientos al personal, al amparo de la Ley 22 de 2013, también confirmaron que no se ha dado alguno en el tiempo que Irizarry Pabón lleva de alcalde.
“Lo que podemos identificar es que, desde que comenzó este cuatrienio con esta administración, no se ha ofrecido ningún adiestramiento a los funcionarios del municipio sobre la Ley 22 de 2013, que es mandatorio por disposición de ley”, aseveró.
“El municipio es responsable de coordinar y asegurarse de que los empleados y empleadas tomen adiestramientos que apunten a la educación para erradicar el discrimen. Y no hay ninguna acción afirmativa para adiestrar ni para promover campañas educativas que estén dirigidas al respeto a la ley, a estimular a los empleados a hacer valer el derecho de todas las personas a recibir un trato digno y respetuoso con las garantías constitucionales del respeto a la dignidad que tienen todas las personas”, estableció Padilla Ruiz.
Asimismo, el director ejecutivo resaltó que la legislatura municipal se desentendió y le achacó la responsabilidad al alcalde.
“Nos llamó muchísimo la atención que la Asamblea Legislativa (de Ponce), en su contestación parecería ser que dice que eso no le corresponde y que le van a dar el espacio al alcalde para que establezca las medidas correctivas que sean necesarias. Pero no vemos ninguna acción afirmativa adicional”, manifestó.
Sobre el informe
Padilla Ruiz señaló que la CDC no publica informes sobre todas las querellas, pero lo hará en este caso “por la trascendencia del asunto y por violentar un tema constitucional”.
Además, recordó que no tiene facultad para adjudicar si Velázquez Pagán, Irizarry Pabón y la administración municipal efectivamente hicieron lo que se les imputa.
“Lamentablemente, la ley que crea la Comisión de Derechos Civiles no le da facultad para adjudicar y solo nos permite hacer estos informes y referir a las autoridades si entendemos que hubo violación”, aclaró.
No obstante, la CDC pudiera unirse a un pleito legal como amigo de la corte, si una persona entabla una demanda contra el municipio o el alcalde por este tema.
“Nosotros, en esos casos, les damos todo el apoyo que necesitan y solicitamos la autorización del tribunal para unirnos como amigo de la corte”, comentó Padilla Ruiz, al añadir que también sugieren abogados y facilitan a la persona querellante el descubrimiento de la prueba que tiene en su poder.
Todo es un circo mediático que finalizará en nada…
Trabajas en el municipio porque este pelafustan ha hecho todo mal.
wowwww
hay q aprender a respetar la dignidad de los empleados, ya q éstos solo venden sus destrezas al Municipio, no su vida o su alma, mucho menos ningún empleado debe ser discriminado por la percepción de un tercero sobre su identidad de género, orientación sexual y/o afiliación religiosa!!
Los asuntos de Estado, a un lado, y los religiosos al otro lado!..