El exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, se declaró culpable ayer de participar en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo por otorgar contratos municipales a dos empresas.
Según documentos judiciales, de enero a julio de 2021, Reinaldo Vargas Rodríguez, de 49 años, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la que aceptó miles de dólares en sobornos en efectivo del dueño de una empresa constructora y el dueño de una empresa de recolección de basura. A cambio, Vargas Rodríguez acordó asegurar contratos para ambas empresas.
Vargas Rodríguez se declaró culpable de un cargo de conspiración para solicitar y aceptar sobornos. Su sentencia está programada para el 14 de julio y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El fiscal general auxiliar Kenneth Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico y el Agente Especial a Cargo Joseph González de la Oficina Local del FBI en San Juan hicieron el anuncio.
“Este caso es parte de los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para combatir la corrupción pública por parte de los funcionarios municipales en Puerto Rico. Además del asunto anterior, la Sección de Integridad Pública y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico han obtenido recientemente condenas contra otros ex funcionarios públicos y contratistas en el distrito por solicitar y aceptar sobornos relacionados con contratos municipales”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.
La Oficina de Campo del FBI en San Juan investigó el caso.
El abogado litigante Nicholas Cannon de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Seth Erbe para el Distrito de Puerto Rico están a cargo de la acusación en el caso. El abogado litigante Ryan. Crosswell de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Scott H. Anderson para el Distrito de Puerto Rico ayudaron en la investigación.
