Organismos ambientalistas de América exigen que la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) establezca un estándar obligatorio para hacer pública la información social y ambiental de las industrias extractivas, informó este martes en Lima la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
La organización, que lidera un bloque de todos los miembros de la sociedad civil latinoamericana en la EITI, informó que este miércoles y jueves se definirán en Argentina las nuevas condiciones para el estándar que rige a esa iniciativa, conformada por más de 50 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía.
«Creemos que es necesario que todo el requisito 6.4 del Estándar EITI sea obligatorio», sostuvo al respecto la vicepresidenta de DAR y representante de sociedad civil de EITI Perú, Vanessa Cueto.
Añadió que con ello se establecerá «que los países implementadores deben divulgar información sobre la gestión y seguimiento del impacto socioambiental, la transición energética de las industrias extractivas, la calidad del agua y del aire, e incluso los impactos en la salud de las personas».
DAR indicó que los derrames de petróleo, la contaminación del agua y los conflictos socioambientales relacionados a actividades extractivas afectan a miles de pobladores y que estos últimos casos «continúan siendo los más numerosos» en Perú, donde llegan al 64.4 por ciento, según datos de la Defensoría del Pueblo.
La asociación remarcó que Perú «no es el único país que ha levantado su voz», ya que más de 100 organizaciones americanas enviaron una comunicación formal a los miembros del Consejo del EITI para pedir que se incrementen los niveles de transparencia.
Vanda Radzik, como parte de los representantes de la sociedad civil del MSG-Civic de EITI en Guyana, resaltó que «las empresas extractivas deben proporcionar una contabilidad de costos completos del agotamiento del capital natural en los informes EITI».
La coordinadora de Democracia de la organización Fundeps Argentina, Nina Sibilla, remarcó en «la importancia que reviste la implementación del estándar EITI para Argentina, no solo a nivel nacional sino también a nivel subnacional, a través de la implementación adaptada solicitada por el Gobierno argentino».
Por su parte, el representante de la sociedad civil del EITI Filipinas Chad Llanos sostuvo que la iniciativa busca «disminuir las desigualdades y garantizar el desarrollo sostenible a través de una distribución justa de los ingresos de las industrias extractivas», pero «es necesario publicar la data de los impactos».
En concreto, se pide «que sea obligatorio, y no opcional» poner a disposición la información de todas las evaluaciones y monitoreos ambientales y sociales de los proyectos, que muestre el impacto real de la actividad extractiva en los ecosistemas y las comunidades.
También que se libere la información sobre licencias y autorizaciones ambientales, desagregadas por empresa y proyecto, incluido el monitoreo que hacen las autoridades de los compromisos ambientales y sociales; sobre los compromisos de transición energética, incluidos los precios e impuestos al carbono, divulgación de subsidios, reservas, precios de equilibrio/cierre o planificación de escenarios de transición energética; y sobre acuerdos de consulta previa.
DAR remarcó que este «es un reclamo urgente» porque los países de América Latina y El Caribe han sufrido graves afectaciones causadas por industrias extractivas.
