La Fiscalía de Perú confirmó este viernes que 42 personas han muerto, 531 resultaron heridas y 329 han sido detenidas desde el inicio de las protestas antigubernamentales que se desataron en el país en diciembre pasado.
El Ministerio Público detalló, en un comunicado, que entre los fallecidos hay 41 manifestantes y un policía, mientras que otros 355 civiles y 176 agentes fueron heridos, y que entre los 329 detenidos hay un menor de edad.
Agregó que esta información se obtuvo a partir de las primeras indagaciones efectuadas por las fiscalías penales, de prevención del delito y contra la criminalidad organizada.
La Defensoría del Pueblo confirma que 41 manifestantes murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además del policía, mientras que agrega que otras siete personas perdieron la vida «por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo» de vías.
Al respecto, la Fiscalía señaló que ya ha abierto ocho investigaciones con el objetivo de determinar «a los responsables de la pérdida de estas vidas humanas» en las protestas.
«Se tienen 17 carpetas fiscales por los ciudadanos lesionados o heridos», indicó antes de añadir que hay otras 80 carpetas «para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos».
Además, hay otras tres carpetas fiscales por los ataques que sufrieron las sedes del Ministerio Público en ciudades del sur del país.
«En total, se iniciaron 11 investigaciones preliminares contra los que resulten responsables de los hechos de violencia ocurridos en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ucayali y Lima», detalló.
El Ministerio Público remarcó que «garantiza que las investigaciones se realicen con estricto respeto a las leyes que rigen en el país y la defensa de los derechos humanos con orden, firmeza y celeridad».
Durante la noche de este jueves, un equipo de la Policía Nacional y de fiscales detuvo a la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Rocío Leandro Melgar, junto con la vicepresidenta, Stefany Alanya Chumbes, y el secretario de esa organización, Alejandro Manay Pillaca.
Mientras que los detenidos ya fueron trasladados a Lima, el Ministerio del Interior aseguró que Leandro Melgar fue parte «de la organización terrorista Sendero Luminoso y fue detenida e internada en penales por participar en atentados en las décadas de los 80 y 90».
En el caso de Ayacucho, la Fiscalía investiga los violentos sucesos que llevaron a que el 15 y 16 de diciembre se presentaran saqueos y se quemen las oficinas del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados y otras oficinas estatales.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.
