Veredicto judicial abre la puerta a relación de cenizas de carbón con muertes y enfermedades de obreros

El veredicto de este miércoles estableció que los obreros que laboraron por cinco años en el desastre ambiental de Kingston, Tennessee, pudieron contraer leucemia, cáncer de pulmón y cerebro, enfermedades respiratorias crónicas y cardiopatía coronaria a consecuencia de su exposición prolongada a toneladas de cenizas de carbón, confirmó a La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo Jim Scott, unos de los seis abogados a cargo de la defensa de sobre 200 trabajadores.

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Tras un juicio que se extendió por tres semanas, un jurado de la Corte del Distrito Este de Tennessee determinó que las toneladas de cenizas que se extrajeron del peor desastre ambiental ocurrido en los Estados Unidos pudieron provocar la muerte de al menos 30 de los 250 trabajadores contratados para su remoción.

Asimismo, implicó este miércoles que los obreros que laboraron por cinco años en esa limpieza pudieron contraer leucemia, cáncer de pulmón y cerebro, enfermedades respiratorias crónicas y cardiopatía coronaria a consecuencia de su exposición prolongada al material, confirmó a La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo Jim Scott, unos de los seis abogados a cargo de la defensa de los 220 sobrevivientes.

Durante décadas, las compañías eléctricas que producen cenizas de carbón en Estados Unidos y Puerto Rico han negado que este desecho sea tóxico y nocivo a la salud.

Los hechos de este caso se remontan al 22 de diciembre de 2008, cuando en la ciudad de Kingston, Tennessee, se quebró el dique de un estanque de la central eléctrica Tennessee Valley Authority (TVA), el cual almacenaba un billón de galones de lodo de cenizas. El accidente provocó que una ola gris arropara 300 cuerdas de terreno con hasta seis pies de cenizas, destruyera propiedades y contaminara el río Emory – un tributario del río Tennessee – con un cóctel de tóxicos como arsénico, cadmio y cromo.

Para corregir el desastre, TVA reclutó meses más tarde a la compañía Jacobs Engineering para la supervisión de la limpieza.

No obstante, los obreros contratados para la tarea denunciaron ante un jurado y el juez presidente Thomas A. Varlan que Jacobs Engineering los puso en peligro a lo largo de cinco años de labor, al afirmar falsamente que las cenizas de carbón eran lo suficientemente seguras como para comer hasta una libra al día, al negarles equipo de protección y amenazarlos con despidos si traían o pedían mascarillas y guantes, aunque fuera por recomendación médica.

Previo al juicio, TVA reconoció que sus cenizas, un subproducto de la generación eléctrica con carbón, contienen una alta concentración de tóxicos y metales pesados que no deben ser ingeridos ni expuestos a humanos a largo plazo, ya que pueden ser peligrosos.

Entretanto, Jacobs Engineering admitió “que los componentes tóxicos que se encuentran en esa ceniza pueden, en ciertas circunstancias, causar las enfermedades de las que se quejan (los obreros)”, estipuló el juez Varlan al inicio del proceso cuando declaró causa para juicio.

Aun así, los abogados de los demandantes presentaron pruebas de que cientos de trabajadores estuvieron expuestos a nubes de cenizas que, a menudo, les nublaba la visión y se abrían camino hacia sus ojos y bocas. Algunos, incluso, admitieron en sala haber ingerido alimentos contaminados con cenizas volantes “y se les dijo que era seguro hacerlo”, relató Jamie Satterfield, periodista de Knoxville News Sentinel durante su cobertura del caso.

No obstante, personal de TVA ni de Jacobs Engineering nunca dijo a los trabajadores que pruebas independientes realizadas con las cenizas de carbón de Kingston confirmaron la presencia de niveles peligrosamente altos de arsénico y radio.

En cambio, los demandantes demostraron mediante vídeo cómo el supervisor de seguridad de Jacobs Engineering, Chris Eich, advertía al trabajador Mike McCarthy que sería “colgado de los suyos (genitales)” si insistía en su reclamo por una máscara antipolvo para protegerse de las cenizas de carbón. En otro caso, grabaron a un supervisor mientras sacudía con fuerza un filtro de medición de partículas aéreas, para removerle contenido antes de ser entregado a un laboratorio de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) para su examen.

“Esto fue una farsa”, comentó el abogado de los demandantes, Jeff Friedman, al referirse a las “lecturas seguras” con las que Jacobs Engineering intentaba tranquilizar a los obreros que laboraban hasta 14 horas al día en la remoción y traslado de las cenizas tóxicas.

Incluso, Friedman presentó el testimonio de media docena de trabajadores a quienes se les ordenó rociar con agua los monitores de aire, cuando las lecturas del nivel de exposición rebasaban los máximos permitidos por la EPA y el Departamento de Ambiente y Conservación de Tennessee.

“Estaban manipulando el sistema”, añadió Friedman durante su argumentación final del juicio. “Estaban realizando pruebas de una manera que no obtendrían malos resultados. Creían que si podían permanecer por debajo de lecturas altas, no tendrían que proveer máscaras, mamelucos ni duchas”.

Durante el juicio también trascendió que TVA y sus abonados pagaron poco más de un millón de dólares por la compra e instalación de una estación de descontaminación para los vehículos que salían de la zona del desastre, mientras que a los trabajadores Jacobs Engineering proporcionó solo un balde con agua y un cepillo para limpiar sus cuerpos y botas, a lo largo de duración del proyecto.

Al cierre de este reportaje, se desconocía si Jacobs Engineering apelará el veredicto. No obstante, Satterfield y Knox News Sentinel adelantaron que al inicio del 2019 se convocará a la próxima fase de este juicio, donde un nuevo jurado decidirá si la empresa debe ser económicamente responsable por los daños que han sufrido los 250 demandantes.

El veredicto de este jurado tiene implicaciones en estados y territorios de los Estados Unidos, donde centrales eléctricas producen cada año cerca de 114 millones de toneladas de cenizas de carbón. Agencias reguladoras como la EPA no las han catalogado como tóxicas ni peligrosas.

En  Puerto Rico, donde – desde el 4 de julio de 2017 – se permite la disposición final del desecho, la empresa AES genera diariamente entre 400 a 800 toneladas de cenizas de carbón, las que almacena a la intemperie en su solar industrial de Guayama o envía mediante camiones a los vertederos ECWaste de Peñuelas y Humacao.

Al menos 2 millones de toneladas de ese residuo se emplearon como base para la construcción de avenidas, urbanizaciones y centros comerciales de la isla, entre los años 2004 y 2011. Desde entonces, miles de puertorriqueños viven sobre cenizas.