Jueza ordena a alcaldía a mostrar nomina

Tras negarse por casi un año a entregar información de su nómina y contrataciones de nuevos empleados en la Casa Alcaldía de Ponce, la administración de la alcaldesa María Meléndez Altieri fue ordenado por el Tribunal de Primera Instancia a producir los documentos.

En su sentencia, emitida el pasado 4 de abril, la jueza Rosaline Santana Rios declara ha lugar la Solicitud de Auto Perentorio de Mandamus radicado el pasado mes de octubre por el legislador municipal Luis Irizarry Pabón.

Como parte del pleito, el portavoz de la minoría en la Legislatura Municipal ha reclamado la entrega de información sobre el personal del ayuntamiento, correspondiente a los últimos cuatro años fiscales, incluyendo el desglose de puestos de carrera, confianza, transitorios, irregular y sus salarios.

“La parte demandada deberá dar fiel y estricto cumplimiento a lo aquí ordenado dentro del termino perentorio e improrrogable de 20 días, contados a partir de la notificación del presente escrito”, dicta la sentencia de Santana Ríos.

Por meses, Irizarry Pabón y otros han denunciado públicamente un patrón de nuevas contrataciones de personal -con posibles motivaciones políticas- en la Casa Alcaldía de Ponce. Esto, pese al recorte de jornada impuesto a los empleados municipales, una ordenanza que congela nuevas contrataciones y de cara a las elecciones generales.

El pasado mes de enero, La Perla del Sur reveló que entre los meses de agosto de 2014 (mes en que se implementó la reducción de jornada) y septiembre de 2015, el número de empleados municipales aumentó de 2,399 a 2,462 personas. Esto, pese a las restricciones impuestas a nuevas contrataciones de personal y la renuncia o retiro de decenas de empleados.

De hecho, en dicho periodo el número de empleados transitorios en el Municipio de Ponce aumentó de 361 a 464, un incremento de 28 por ciento en plena reducción de jornada.

A tono con esto, Irizarry Pabón aseguró que ha iniciado una investigación sobre el manejo de la nómina en el ayuntamiento, con miras a referir los hallazgos al Departamento de Justicia.

Aunque la orden judicial no incluye que se revelen los nombres de todos los empleados en la nómina, el Legislador no descartó que se solicite al Tribunal ordenar al ayuntamiento a divulgar nombres en casos específicos en los que se identifiquen contrataciones irregulares que violen la ordenanza de congelación de contrataciones.

“A los legisladores de minoría se nos ha estado negando consistentemente todo tipo de información pública. Es uso y costumbre de la Administración hacer las cosas sin querer rendir cuentas sobre sus acciones”, aseguró.

“Es obvio que estos documentos son públicos. Eso se sabia desde el principio y la insistencia del Municipio de esconderlos demuestra arrogancia, falta de transparencia y su deseo de ocultar sus acciones”, concluyó.